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Los costos de la violencia contra la mujer en México Los costos de la violencia contra la mujer en México
En México existen penas de prisión de entre 40 a 60 años para quien prive de la vida a una mujer por cuestiones de... Los costos de la violencia contra la mujer en México


Redacción HORIZONTUM  y MATVÉI

Si bien en México, desde hace 7 años, existen penas de prisión de entre 40 a 60 años para quien prive de la vida a una mujer por cuestiones de género, las cifras de los feminicidios en el país van a la alza. Entre el 2014 al 2017, fueron asesinadas 8,904 mujeres, sólo 30% de los procesos fueron investigados bajo protocolos de feminicidio, quedando 60% de los casos en total impunidad. [1]  A pesar que desde febrero del 2017, la Cámara de Diputados aprobó una reforma para tipificar al feminicidio como delito grave y de alto impacto, ameritando prisión preventiva.

Pese a que todas las Entidades federativas del país, a excepción de Chihuahua, reconocen el término “feminicidio” en su Código Penal, la respuesta del Estado mexicano sigue siendo ineficiente en cuanto a la administración de justica para sancionar y reparar los daños. Y es que pocas veces se consigna a los culpables, sigue reinando la impunidad y los casos de violencia contra la mujer no cesan.  De hecho, durante el 2018, hubieron otras 872 víctimas, y se batió el récord histórico en feminicidios cometidos contra menores: 86 niñas fueron asesinadas por violencia de género, la cifra más alta antes registrada. A este número se le sumaron 11 casos más, a principios del 2019.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, adscrito a la ONU, ha requerido a México a adoptar medidas “urgentes” para prevenir, investigar y juzgar las muertes violentas y desaparición de mujeres en el país. Y es que la violencia de todo tipo (física, psicológica, sexual, económica…) no da tregua. Las desapariciones forzadas, asesinatos, maltrato en el hogar… solo han ido en aumento. Esto pese a las alertas de género, campañas de prevención y reformas aprobadas.

El costo económico de la violencia

La violencia contra las mujeres ocasiona pérdidas económicas en todos los niveles (personal, familiar, social, empresarial, gubernamental); ya que se necesitan muchos recursos para acceder tanto a tratamientos médicos y psicológicos como a la asesoría jurídica u otro tipo de apoyos fundamentales. Para atender los casos se necesitan recursos públicos y privados; además las víctimas ante la situación de violencia ven reducidos sus recepciones, y en su caso las empresas sufren por la baja productividad y ausentismo de su fuerza laboral femenina.

Según la Organización Internacional del Trabajo, esta situación puede costarle a una nación entre el 3.5 y el 5% de su PIB. Aunque muchos de los daños (emocionales, psicológicos) aún no son medibles, éstos no solo afectan a la víctima y sus familias, también a su entorno social y laboral. Tan sólo en el 2015, la violencia contra la mujer en México costó 1.4% del PIB o 245, 118 millones de pesos, según un estudio realizado por la UNAM y Conavim.

La GIZ[2], organización alemana, publicó un estudio en el que agrupa los costos de la violencia contra la mujer en cualquier país y economía del mundo:

  • Los costos directos, es decir el valor que representan los bienes y servicios utilizados en el tratamiento o prevención de la violencia financiados por la víctima, el Estado o agencias. Estos gastos implican desde la atención a su salud física y mental, servicios de la policía, acceso a la justicia, servicios sociales, costos de prevención y capacitación de funcionarios.
  • Los costos indirectos, se refieren a los gastos derogados para la seguridad de la víctima, el costo de los juicios, servicios de salud y sociales (refugios, albergues, oficinas de atención). También se relacionan con las pérdidas económicas que sufre la víctima: ausentismo laboral, baja productividad, pérdida del trabajo y bienes.
  • Los costos intangibles, pérdidas a largo plazo que aún no se pueden cuantificar en términos económicos, pero que tienen un impacto en la víctima y todo su entrono, e incluyen la transmisión intergeneracional de la violencia, afectando a futuras generaciones.
  • El efecto multiplicador que afecta a un país en su conjunto, al provocar la erosión de su capital social y por ende influir en el crecimiento económico en general.

Ante esta situación, es responsabilidad del Estado mexicano de erradicar, prevenir, atender y combatir todo tipo de violencia, en especial en contra de las mujeres y niñas de este país. Es momento de decir ¡BASTA!


[1] Datos del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio.

[2] Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Asociación para la Cooperación Internacional alemana).

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Redacción Horizontum

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