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TLCAN y elecciones presidenciales dos altos riesgos para la economía, según HR Ratings TLCAN y elecciones presidenciales dos altos riesgos para la economía, según HR Ratings
Para México, 2018 es un año de múltiples retos que generan un potencial riesgo al crecimiento económico de los años venideros. TLCAN y elecciones presidenciales dos altos riesgos para la economía, según HR Ratings

Para México, 2018 es un año de múltiples retos que generan un potencial riesgo al crecimiento económico de los años venideros. En esta nota la consultora internacional HR Ratings analiza dos de estos riesgos y los factores que podrían determinar su materialización. En general, aunque las consecuencias en un escenario de estrés podrían ser significativas, en este momento no ve un entorno suficientemente claro y negativo como para suponer una evolución inestable en la trayectoria de las variables macroeconómicas del país.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

De acuerdo con declaraciones realizadas por miembros de los equipos de negociación del TLCAN, se espera que las negociones entre Canadá, México y los Estados Unidos (EUA) puedan terminar en las próximas semanas. Es posible que las elecciones, tanto en México como en los Estados Unidos, estén impulsando a los partes para llegar a un rápido acuerdo y así evitar que se complique más el proceso, en caso de que haya cambios importantes en el balance de poder partidista. Un acuerdo sería positivo para las relaciones comerciales entre los tres países porque, en meses pasados, la única alternativa era una ruptura de las negociaciones por parte de los EUA y su retiro del Tratado. En este momento, parece que esta posibilidad se puede descartar.

En este contexto, es relevante considerar que la decisión de sacar a los EUA del TLCAN por parte del presidente Trump probablemente enfrentaría objeciones constitucionales, lo cual impediría su implementación, por lo menos temporalmente, mientras las cortes deciden la constitucionalidad de esta acción unilateral por parte del ejecutivo. Inclusive, es probable que esta posibilidad y el deseo de evitarla sea un factor que haya impulsado a la administración Trump para llegar a un acuerdo.

Suponiendo que exista un acuerdo entre las tres partes, es necesario considerar la siguiente etapa del proceso para los Estados Unidos. Parece que los términos del acuerdo serían tales que requerirían de la aprobación por parte del Congreso, lo que podría ser difícil, especialmente en el entorno tan polémico que existe actualmente en Washington, incluso si el proceso legislativo utilizara el mecanismo fast track. Este mecanismo legislativo impide la consideración de cambios a la propuesta enviada por el poder Ejecutivo.

Las dificultades, sin embargo, no son únicamente de una naturaleza política partidista, sino también de carácter de política pública. Las inclinaciones proteccionistas del presidente Trump de cierta manera coinciden más con las posturas del partido Demócrata que con las posturas de libre mercado de su propio partido Republicano. Existe también la posibilidad de que los Demócratas exigieran, para otorgar su apoyo al presidente Trump, reglas más estrictas para la protección del ambiente y derechos laborales, complicando así el proceso. Esta posibilidad se prestaría a agregar asuntos de naturaleza polémica como la migración, un tema que produce divisiones dentro de cada partido.

Adicionalmente a estos elementos de procedimiento, está surgiendo una nueva área de discusión relacionada con las protecciones a inversiones extranjeras concedidas por cada país miembro del Tratado, de acuerdo con los términos actuales. El argumento de los negociadores de los Estados Unidos es que esta provisión representa un incentivo para una empresa estadounidense (por ejemplo, automotriz) de invertir en México en lugar de invertir en los Estados Unidos. Según reportes periodísticos, el cambio propuesto por el equipo negociador estadounidense implicaría que las empresas extranjeras ya no tendrían el derecho de apelar ante una instancia internacional (lo que actualmente está establecido por el TLCAN) una decisión gubernamental que afecte negativamente su inversión. La eliminación de esta protección podría afectar negativamente los incentivos para que las empresas estadounidenses (por ejemplo, energéticas) inviertan en México, abriendo nuevos mercados para aprovechar la recién apertura del sector energético (incluyendo la extracción del petróleo y gas, y la venta de gasolina directa al consumidor final).

La intención de favorecer la producción automovilística en los Estados Unidos podría, por lo tanto, perjudicar la inversión estadounidense en el sector energético de México. Además, la eliminación de esta protección podría facilitar cualquier intención de frenar la apertura de este sector, iniciado con la Reforma Energética de 2013. En un periodo electoral, el tema es especialmente sensible.

Las elecciones de 2018

En 2018 existe la posibilidad de que México elija como presidente al candidato de una coalición (Juntos Haremos Historia —Morena3— o Frente4) que nunca ha ganado anteriormente la presidencia. En las elecciones de 2000, Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), ganó la presidencia, lo que significó la primera transición en la historia democrática de México y la salida del poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) después de 70 años. Sin embargo, el PAN fue fundado en 1939, por lo que tenía experiencia en la política mexicana previo a su triunfo en las elecciones presidenciales. En el caso de Morena, este es un partido de reciente creación, a pesar de que su candidato, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tenga una larga trayectoria en la política nacional de México. En el caso de Frente, es una coalición que ya ha trabajado en conjunto en diferentes Estados, pero es una coalición de partidos con ideologías históricamente distintas, lo que le podría traer complicaciones en su identificación con el electorado.

No obstante, la reciente llegada de Morena representa una incertidumbre en el sentido de que no se sabe qué esperar del gobierno de su candidato en caso de ser electo. Por una parte, AMLO se promueve como un candidato de tendencia izquierdista, pero, por otro lado, algunas de las políticas que propone distan de serlo. Por ejemplo, la intención de mantener una política fiscal prudente.

A pesar de la incertidumbre respecto a la elección del presidente, parece que el riesgo de un cambio estructural radical en términos de las políticas públicas es limitado durante los primeros años de gobierno. Para apoyar esta conclusión, tenemos como posible indicador el desempeño de AMLO como jefe del Distrito Federal (ahora CDMX). Es difícil citar políticas que uno podría considerar como radicales durante su gestión. Sin embargo, también es posible que la falta de iniciativas radicales fuera una consecuencia, más que nada, del poco margen de acción que AMLO tenía al depender fuertemente de la Federación en el ámbito financiero, político y de seguridad.

En cuanto a su campaña actual, sus posturas relativas al manejo de la política fiscal, por ejemplo, indican una intención de tener déficits limitados. Aunque la intención de aumentar el gasto social y de inversión, financiado con mayores eficiencias en el gasto, podría enfrentar dificultades importantes.

Así mismo, ha habido fuertes críticas por parte de AMLO hacia la Reforma Energética, pero ninguna de estas sugiere un deseo de revertirla, aunque sí posiblemente de seguirla a un paso más lento. Por ejemplo, vemos difícil (aunque no imposible) regresar a una política de control de precios de las gasolinas. Sin embargo, la forma exacta de la implementación de un nuevo régimen energético está por verse. Lo que sí sería grave sería una violación de contratos existentes, pero no hay señales de que esta sea la intención.

Otro punto es el sonado tema del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México (NAICM). Independientemente de la necesidad o no de un nuevo aeropuerto, y de su ubicación y afectación para las comunidades colindantes, el incumplimiento, cancelación o renegociación de contratos ya existentes es también de gran relevancia, ya que restaría credibilidad a las instituciones y encarecería el financiamiento de futuros proyectos.

En el caso de un triunfo de Frente o de la coalición del PRI5, vemos una continuidad en las políticas económicas existentes, lo que da un mayor nivel de certeza a inversionistas y empresas.

Es importante considerar que el proceso electoral federal de 2018 también involucra la elección del Congreso. En este sentido, es probable que ningún partido o agrupación tenga la mayoría absoluta. Esto, para bien o para mal, limitaría la capacidad del nuevo presidente de dar un giro radical en la política pública, especialmente en la fiscal, en donde el Congreso determina tanto la ley de ingresos como el presupuesto de egresos.

Además, la relación entre el nuevo presidente electo y el nuevo Congreso no sería determinada inmediatamente después de las elecciones. Suponemos que habría negociaciones importantes para determinar coaliciones, y que estas coaliciones podrían cambiar con el tiempo y podrían variar dependiendo en el tema.

Dado los temas antes mencionados, no hay duda de que existen cuestionamientos importantes en cuanto a la evolución de la política pública en la nueva administración que iniciaría en diciembre. Iríamos evaluando nuestras perspectivas en cuanto vayan sucediendo las diferentes etapas políticas: 1) la elección presidencial, 2) la composición del Congreso, 3) la formación de coaliciones dentro del Congreso, 4) anuncios en cuanto a iniciativas administrativas y legislativas durante el periodo de transición.

Lo más importante es que en este momento no hay suficientes bases para suponer un giro negativo en la evolución de la economía o de las finanzas públicas.

Fundada en 2007, HR Ratings es la calificadora internacional, líder en América Latina, y primera de origen mexicano. Con 10 años de experiencia, la firma está comprometida con la transparencia, ha diseñado una rigurosa metodología que se distingue por el monitoreo constante y previsor. Más allá de la emisión de una calificación, los análisis de riesgos de HR Ratings son dinámicos y especializados, facilitando la toma de decisiones ante escenarios actuales y futuros. HR Ratings recibió la autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en 2007 para emitir calificaciones en México, donde ha calificado a los sectores de Finanzas Públicas, Corporativos, Instituciones Financieras e Infraestructura. Adicionalmente, la Empresa ha trascendido fronteras, en 2012 se convirtió en la primera calificadora latinoamericana en ser registrada por la US Securities and Exchange Commission (SEC) para emitir calificaciones crediticias de valores gubernamentales en los Estados Unidos. Asimismo, en el 2014, fue la primera calificadora latinoamericana en obtener la certificación por parte de la European Securities and Markets Authority (ESMA).

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Redacción Horizontum

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