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La autonomía universitaria no impide la fiscalización de recursos La autonomía universitaria no impide la fiscalización de recursos
El investigador Roberto Rodríguez, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, ofreció la conferencia “La autonomía universitaria como figura jurídica. Alcances y limitaciones... La autonomía universitaria no impide la fiscalización de recursos

En la sede de la Rectoría de la UAM, el investigador Roberto Rodríguez, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, ofreció la conferencia “La autonomía universitaria como figura jurídica. Alcances y limitaciones”, comentada por la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y por el doctor Romualdo López Zárate de la UAM Xochimilco

La condición actual y los principales desafíos a la luz de una nueva legislación en materia de autonomía universitaria, en el marco de una nueva administración federal, fueron analizados a partir de la conferencia “La autonomía universitaria como figura jurídica. Alcances y limitaciones”, ofrecida por el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Roberto Rodríguez Gómez-Guerra, en la sede de la Rectoría de la UAM.

La disertación se dio en el marco del Consejo Regional del Área Metropolitana de la ANUIES que sesionó con la presentación previa de la conferencia, la cual fue analizada por la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y por el doctor Romualdo López Zárate, de la UAM Xochimilco.

Rodríguez Gómez-Guerra hizo un repaso histórico de la evolución de la autonomía universitaria en el que puso énfasis en que esa condición propia de instituciones de educación superior se traduce en la libertad de decisión, aunque, también, está estrechamente vinculada al financiamiento que reciben para el cumplimiento de sus responsabilidades.

En su intervención, la doctora Ruiz Gutiérrez estableció que hay claridad en que la autonomía no impide la fiscalización de los subsidios federales que se otorgan a las universidades públicas para su funcionamiento. “La revisión no implica intromisión a su libertad de autogobierno y autoadministración, sino que la verificación de las aportaciones que reciben del pueblo se hace para que esos recursos se destinen a los fines para los que fueron otorgados”.

Previamente, la titular de la SECTEI agradeció la invitación del rector de la UAM, Eduardo Peñalosa, quien dio la bienvenida al panel. “Con esta universidad estamos trabajando mucho por la educación, ciencia y tecnología. Para nosotros, el apoyo de la UAM es fundamental en el trabajo del Gobierno de la Ciudad”, subrayó.

En este recuento que hizo Roberto Rodríguez, precisó la importancia de incluir en el análisis al Instituto Politécnico Nacional, “que no es autónomo y sabemos el gran papel que en todos los temas de educación, ciencia y tecnología, tiene esta institución. Me parece muy importante discutir ese modelo que responde de una manera distinta y expresamente a los intereses de la patria, como señala su lema: La técnica al servicio de la patria”.

La autonomía, planteó la doctora Ruiz Gutiérrez, implica una serie de obligaciones como la rendición de cuentas, la transparencia en el manejo de los recursos y la evaluación externa, así como el control interno, instaurados por el Estado, lo que implica estar sujetas a auditoría y evaluación permanente.

Sin embargo, advirtió que esta aceptación de la fiscalización “no impidió un desenlace nefasto y grotesco como el escándalo de la estafa maestra. Fue el fracaso probablemente inducido del supuesto combate a la corrupción que en los últimos años nunca dejó de ser un discurso vacío, manipulador y engañoso en nuestro país”.

Si bien es cierto que la estafa maestra puso al descubierto mecanismos de movilización ilegal de recursos económicos entre dependencias gubernamentales, proveedores privados y algunas instituciones universitarias, aún no han concluido los procesos judiciales que permitan identificar el destino de esos recursos, así como su utilización en propósitos políticos y personales.

Añadió que el doctor Rodríguez ofrece una reflexión donde expone que la aceptación de requerimientos de control interno, evaluación y supervisión mediante órganos gubernamentales facultados en la transparencia y rendición de cuentas, ha evitado, hasta ahora, una confrontación entre las instituciones y el Estado que ponga en riesgo la autonomía.

Explicó que en términos de la relación universidad-Estado, el cambio de régimen político está por definir sus trazos definitivos, pero, sin duda, se acompañará de nuevos retos para la autonomía universitaria. El primero son las renovadas exigencias de austeridad, control y reporte de los recursos, una nueva dinámica de crecimiento en las instituciones de educación superior.

Uno de los desafíos con la reforma constitucional de mayo de este año estriba en el establecimiento de la obligación para el Estado de brindar oportunidades de educación superior de carácter gratuito a la población demandante, y cabe preguntarse ¿En qué medida la generación de un nuevo diseño de políticas públicas de educación superior implicará tensiones para la autonomía universitaria?

Agregó que en un país como el nuestro, con casi la mitad de la población que vive en pobreza, donde hay más de siete millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, con un analfabetismo absoluto y funcional que supera los ocho millones de personas en edad adulta y con tres millones de niños y niñas que trabajan en condiciones de explotación; la enseñanza pública y en particular la superior, es la opción de muchas personas para superar su condición de marginalidad. Por ello, hay que defender a las instituciones de educación superior con la protección de su autonomía.

En su alocución, el doctor Rodríguez-Gómez Guerra señaló que la autonomía “más allá de todas sus implicaciones, trata de decidir sobre diversos factores, por ejemplo, el ingreso, promoción y permanencia de los académicos; la capacidad de promover cambios a planes y programas de estudio; fundar nuevas licenciaturas; suprimir las que ya están obsoletas, entre otras; pero todas convergen en esta noción de decisión libre”.

Desde el punto de vista jurídico, el también doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de México indicó que desde el punto de vista jurídico, es importante entender que no sólo se tiene una autonomía, sino múltiples de ellas. Destacó que en total son 38, “pues esta condición deriva de la facultad de los congresos, federal y locales, de establecer a través de leyes orgánicas esta situación autonómica”.

En el Auditorio Pedro Ramírez Vázquez, indicó que la reflexión final de esta ponencia nos debe llevar a conclusiones sobre la importancia de la autonomía en el contexto y circunstancias actuales. “¿Están las universidades autónomas amenazadas por un nuevo régimen? Creo que hay poca evidencia de ello como tal, pero hay un aspecto que sin duda tenemos que sentarnos a discutir: el tema del financiamiento. Hoy autonomía es financiamiento”, explicó.

En su momento, el doctor López Zárate, coordinador de la Línea de Educación Superior del Posgrado en Sociología de la UAM Azcapotzalco, expresó que la labor de la Autoridad Superior de la Federación debe ser compatible con respecto a la autonomía de las universidades. “Es competencia y responsabilidad de las universidades autónomas administrar su patrimonio. Esta facultad es de las más difusas y requiere de un trabajo adicional para situarla en su justo medio”, apuntó.

Desde el punto de vista jurídico, autonomía quiere decir autolegislación, que es la facultad propia de ciertas entidades para darse a sí mismas normas de derecho.

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Redacción Horizontum

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