Urgente garantizar mecanismos de reparación y acceso a la justicia por casos de violación de derechos humanos derechos humanos en proyectos empresariales. Urgente garantizar mecanismos de reparación y acceso a la justicia por casos de violación de derechos humanos derechos humanos en proyectos empresariales.
Demanda sociedad civil reenfoque en Programa Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. Urgente garantizar mecanismos de reparación y acceso a la justicia por casos de violación de derechos humanos derechos humanos en proyectos empresariales.

Demanda sociedad civil reenfoque en Programa Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. Exigen se haga público el borrador más avanzado hasta el momento, integrando las  recomendaciones de distintos actores involucrados. Denuncian falta de claridad sobre el proceso de implementación y monitoreo del Programa.

Luego de dos años de proceso para generar el Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos (PNEDH), una articulación de organizaciones de la sociedad civil exhorta a la Secretaría de Gobernación a replantear diversos temas clave en el texto del Programa, así como del proceso para su desarrollo.

Las organizaciones advirtieron meses atrás que dicho Programa no contempla una metodología clara para integrar los comentarios surgidos en los foros y la consulta en línea, ni un mecanismo para apoyar su implementación, seguimiento y evaluación. Los foros no tuvieron carácter regional, no se garantizó la participación de comunidades indígenas y equiparables, no se conocen sus resultados y no cumplieron con los estándares de consulta. El texto del PNEDH no ha sido presentado a comunidades afectadas por megaproyectos de inversión y desarrollo ni ha sido sometido a consulta libre, previa e informada con dichas comunidades conforme a los estándares internacionales.

El borrador del Programa que se encuentra en línea no deja claras las obligaciones de las empresas nacionales y trasnacionales, así como del gobierno, para garantizar el respeto a los derechos humanos de personas, grupos y comunidades en el contexto de la actividad empresarial, incluyendo inversiones y tratados comerciales. Esta claridad implica la realización de consultas previas, libres, informadas, culturalmente adecuadas y de buena fe en proyectos de desarrollo que puedan afectar el medio ambiente y pongan en riesgo los derechos de las comunidades indígenas, rurales y equiparables. El resultado de las consultas debe ser vinculante y contemplar la opción de detener aquellos proyectos que no obtengan el consentimiento de las comunidades y/o impliquen impactos negativos en los derechos humanos.

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La divulgación y el acceso público a las evaluaciones de impacto ambiental y los estudios de impacto social, antes de consultar a las comunidades, es otro aspecto que debe quedar garantizado en el Programa, ya que esta información permite la toma de decisiones informadas. Dichas evaluaciones y estudios deben realizarse junto con las comunidades afectadas.

El PNEDH debe atender las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos y reforzar el texto relacionado con los mecanismos de remediación, reparación y acceso a la justicia para las personas afectadas, retomando el amparo como mecanismo valioso para impartir justicia, con el cumplimiento por parte de empresa y gobierno de sentencias de la Suprema Corte y otras instancias del poder judicial, y con la garantía de integridad para las personas y comunidades defensoras de derechos humanos y periodistas en que sufren ataques, intimidación y amenazas por oponerse a proyectos empresariales.

Sobresale también que el borrador del PNEDH no considera una mayor articulación de las dependencias de gobierno; por ejemplo, no establece pasos concretos para fortalecer a las instancias encargadas de las supervisiones laborales, sociales o ambientales, no fortalece el Punto Nacional de Contacto dentro de la Secretaría de Economía para recibir y dar curso a las quejas contra empresas en el marco de las directrices de la OCDE, ni aprovecha al máximo lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede contribuir al Programa.

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Un aspecto más a reforzar son los mecanismos de diálogo con instancias multipartícipes que incluyan a gobierno, empresas y sociedad civil –incluyendo comunidades afectadas– y que permitan identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas para mejorar el Programa en el futuro.

Las organizaciones que forman el Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos en México* exigen a la Secretaría de Gobernación que reenfoque el texto del Programa tomando en cuenta las observaciones de sociedad civil y que, antes de publicarlo, cumpla con su obligación de consultarlo con las comunidades indígenas y equiparables de acuerdo con los estándares internacionales.


La Redacción

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