Política para el Campo Política para el Campo
Durante varias décadas, particularmente de los cincuenta hasta principios de los ochenta, el Estado mexicano tuvo una amplia participación en el fomento económico y... Política para el Campo

Durante varias décadas, particularmente de los cincuenta hasta principios de los ochenta, el Estado mexicano tuvo una amplia participación en el fomento económico y social del sector primario (agricultura, ganadería, pesca y silvicultura). Para ello,  el estado mantuvo diferentes instrumentos de política.

El más importante fue el establecimiento de precios de garantía para doce cultivos (maíz, frijol, trigo, cebada, arroz, sorgo, soya, cártamo, semilla de algodón, copra, girasol y ajonjolí), el cual estuvo vigente, con algunas variaciones, desde los cincuenta hasta finales de los ochenta. Para hacer efectivo los precios de garantía, el Estado creó la Comisión Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), la cual hasta 1989 fue la responsable del acopio de las cosechas y del pago del respectivo precio de garantía. Asimismo, por el lado de la producción se tuvo una amplia intervención en la provisión de servicios financieros (BANRURAL), de seguro (ANAGSA), de maquinaria (SESA) e insumos.

A través de la empresa FERTIMEX (privatizada en 1992), el Estado producía y distribuía los fertilizantes, a través de la PRONASE producía y distribuía las semillas mejoradas, cuyos materiales originales los generaba el Instituto de Investigaciones Agrícolas. También intervenía en la producción y comercialización de alimentos balanceados a través de ALBAMEX, entre otros. Paralelo a los apoyos señalados, el Estado también intervenía en el fomento económico de cultivos estratégicos, a través de diferentes comisiones y dependencias, tales como fruticultura, café,  cacao,  azúcar.

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Asimismo, se tenían instituciones para el desarrollo de regiones, tales como el trópico húmedo, zonas áridas, inversiones pequeñas para el desarrollo rural, particularmente en caminos y obras de conservación del suelo y agua, entre otros.

De los años cuarenta a los sesenta, el Estado construyó las grandes presas en las zonas áridas y semiáridas del país, con las cuales se abrieron los 5.5 millones de hectáreas al riego actualmente disponibles.  El sólido sistema de investigación agrícola que prevaleció de los cincuenta a los setenta generaba la tecnología que era transferida a través de un también fuerte sistema de extensión agrícola. En este contexto, el crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto (PIB) del sector primario (agricultura, ganadería, bosques y pesca) en las administraciones gubernamentales 1971-1976 y 1977-1982 fue de 2.7% y 4.0%, respectivamente.

A partir de 1983 se inician las llamadas reformas estructurales orientadas a disminuir la participación del Estado en la promoción del desarrollo económico del país. En el sector agropecuario empieza el desmantelamiento de las empresas paraestatales y en general la reducción del gasto público orientado a este sector.  La apertura comercial se establece como un instrumento estratégico, la cual tuvo (y tiene) efectos desfavorables en la producción agropecuaria. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte se convirtió en la Política Agropecuaria, más que un instrumento de la misma.

Se puede concluir que fue desfavorable el cambio en la política agropecuaria. Fue nefasto pasar de un modelo de intervención del Estado en el fomento de la producción, a un modelo basado en el mercado. En los últimos 30 años, el crecimiento promedio anual del PIB fue de sólo 1.8%, 45.5% inferior al logrado en el período 1971-1982 de 3.3%, con una fuerte intervención gubernamental, aunque no necesariamente con mayor gasto.

Las empresas comercializadoras transnacionales son ahora los principales beneficiarios de los apoyos que antes se asignaban a la CONASUPO; los bancos, ahora en su mayoría extranjeros, reciben los subsidios que antes se asignaban al BANRURAL; las aseguradoras privadas son ahora los beneficiarios de los apoyos que antes se asignaban a la ANAGSA; los importadores de fertilizantes se han beneficiado de la desaparición de FERTIMEX; las empresas transnacionales de semillas también se han beneficiado de la extinción de la PRONASE, por solo mencionar algunas. Es muy probable que los apoyos transferidos al sector privado sean aún mayores a los que asignaban a las empresas públicas, pero sin ningún beneficio claro a los productores, ni menos para el desarrollo económico y social del campo.

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Asimismo, el conjunto del gasto económico y social asignado a través del Programa Especial Recurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, que incluye gasto productivo, social y ambiental, ha sido muy elevado, pasando de  16 mil 178 millones de dólares en 2007 a 23 mil 235  millones de dólares en 2012. Este gasto fue equivalente al 31.7% en 2007 y  38.5% en 2012 del valor de la producción primaria, y sin resultados tangibles en el crecimiento económico, en la disminución de la pobreza rural, en la disminución de las importaciones y en la conservación de los recursos naturales.

El Reto  

Para retomar la senda del crecimiento de la producción agrícola y ganadera, se requiere de un Estado fuerte, eficiente, eficaz y transparente en el gasto público que conduzca el desarrollo económico, social y ambiental, y de un mercado competitivo.

En diferentes artículos de la Constitución está claramente expresada la visión  del país al que se aspira, y de la cual cada día se está más lejana. Asimismo, con respecto a la producción agropecuaria, la fracción XX del Artículo 27 Constitucional, establece:

“XX. El Estado promoverá las condiciones para el Desarrollo Rural Integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la Legislación Reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

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 El Desarrollo Rural Integral y Sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la Ley establezca”.

De esta manera, el objetivo de país está claro pero  no la forma de lograrlo. Para ello, se requiere un amplio consenso de los agentes políticos, económicos y sociales para definir y ejecutar las políticas adecuadas.

Ejes de Una Reforma para el Campo

  1. Económica, política, social y ambientalmente la reactivación del sector agropecuario debe ser prioritaria y estratégica para el desarrollo del país, y ello debe quedar explícito en los instrumentos y apoyos de la política económica. El sector agropecuario contribuye a los grandes objetivos nacionales de seguridad alimentaria, combate a la pobreza rural y conservación de los recursos naturales.
  2. Debe retomarse una decisiva participación del Estado en el desarrollo económico del campo y abandonar la actual política asistencialista a los pequeños productores que no genera riqueza ni empleos. No basta sólo con disponer de una gran bolsa de recursos, sino utilizarla eficientemente a través de instrumentos de desarrollo en una clara política de fomento.
  3. El Estado, como rector del desarrollo del campo, debe ser el inductor de los recursos gubernamentales acordes a su política de largo plazo. No se debe basar la política gubernamental en asignar recursos a través de “reglas de operación”, ya que éstas sólo favorecen a los grandes productores y a las organizaciones con capacidad de gestión política y son fuente de corrupción, además de que no tienen efecto en el crecimiento económico sostenido, sustentable y equitativo en el largo plazo.
  4. A fin de equilibrar la asignación de recursos públicos entre regiones y productores, se requiere de una nueva institucionalidad. Una institución que se oriente al fomento de la agricultura comercial y agroexportadora, y otra que se oriente al fomento de la agricultura de los pequeños productores. La mayor parte de la producción de alimentos la generan los pequeños productores de la economía campesina, por lo que su desarrollo será estratégica en la seguridad alimentaria y en el combate a la pobreza rural.
  5. La reactivación del campo requiere de política y presupuestos claros de largo plazo que dé orientaciones claras a los agentes participantes para tomar las decisiones de producción, procesamiento y comercialización. Para ello, se requiere de un presupuesto multianual que haga eficiente  el gasto gubernamental  con la  continuidad de los programas y proyectos.
  6. Los componentes del gasto público deben aumentarse y orientarse a incrementar la productividad, generar el crecimiento y crear las condiciones de competitividad, y no destinarse a la transferencia directa de ingreso.
  7. De esta manera, la principal orientación del gasto gubernamental será la inversión en bienes públicos tales como infraestructura hidráulica y de comercialización, obras para la captación de agua y conservación del suelo, vías de comunicación, investigación, extensión, inocuidad, entre otros.
  8. Consolidar la Banca de Desarrollo a fin de que financié la producción primaria con tasas de interés reales de 5-6% anuales (es decir tasa nominal menos inflación), y que relaje sus normas de operación para que el conjunto de los productores pueda tener acceso oportuno y suficiente a este crédito. Esto tendrá mayor impacto que los apoyos directos que sólo benefician a unos pocos productores, y estos apoyos podrán orientarse al establecimiento de fondos de garantía. De esta manera, sólo los productores que están en la producción serán los que accedan al crédito en montos suficientes y oportunos y se tendrá un mayor impacto en la producción y productividad, al tener recursos financieros cuando los necesiten y no recursos desfasados e inciertos que tienen poco o nulo impacto. Con ello, también se podrán eliminar un gran número de programas de apoyos directos, reducir la burocracia y la corrupción.
  9. El conjunto de los instrumentos de la política gubernamental deben estar orientados fundamentalmente a mejorar el ingreso de los productores y a su capitalización, más que a la producción per se. Si hay rentabilidad, habrá aumentos en la producción y seguridad alimentaria.
  10. La estrategia operativa para la reactivación agropecuaria deben ser los proyectos de desarrollo regional, diseñados a nivel de distrito de desarrollo, y basados en tecnologías eficientes y sustentables. Con ello se avanzará en crear economías de especialización regionales acordes a sus ventajas competitivas y comparativas.
  11. El desarrollo de largo plazo requiere de programas de gran alcance para la conservación y uso racional y eficiente del suelo y agua, recursos escasos y sobre los cuales se sustenta la agricultura. Cada región es diferente en la disponibilidad, en cantidad y calidad, de suelo y agua.
  12. La compleja realidad actual y futura de la producción del campo, en términos económicos, sociales y climáticos, requiere que los funcionarios públicos designados para la conducción de la política agropecuaria tengan visión de largo plazo, amplia experiencia, reconocimiento técnico y probaba ética profesional. Esta es una condición necesaria para que los recursos económicos se asignen con eficiencia, eficacia, transparencia y equidad, y tengan un impacto tangible en el desarrollo rural.

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Arturo Puente González

Arturo Puente González

Investigador/consultor independiente (pgarturo@prodigy.net.mx)