Mineras en México: la gran red de crímenes, explotación y envenenamiento ecológico Mineras en México: la gran red de crímenes, explotación y envenenamiento ecológico
Después que Canadá amenazó a México con dejarlo fuera de las negociaciones comerciales con Estados Unidos, y tras el encuentro del Primer Ministro canadiense... Mineras en México: la gran red de crímenes, explotación y envenenamiento ecológico

Después que Canadá amenazó a México con dejarlo fuera de las negociaciones comerciales con Estados Unidos, y tras el encuentro del Primer Ministro canadiense Justin Trudeau con el presidente norteamericano, Donald Trump. Al gobierno mexicano se le olvidó que las empresas mineras canadienses violan las leyes ambientales y están involucradas en actos de corrupción, así como en conflictos mineros con saldos mortales, y hasta en el exterminio de comunidades que mueren de cáncer.

Ha pasado más de una década y quien fuera líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, sigue “prófugo” de la justicia desde su casa en Vancouver, Canadá. Pese a que se le acusó de recibir dinero de Grupo Minero México, para privatizar la empresa Cananea y Mexicana de cobre en Sonora, así como desviar recursos por encima de los 55 millones de dólares. Incluso, aunque tanto él como Germán Larrea de Grupo México, se deslindaron de toda responsabilidad por la tragedia en la mina Pasta de Conchos, que en 2006 cobró la vida de 65 trabajadores. Ambos siguen impunes y Canadá recibió Gómez Urrutia sin cuestionamientos éticos.

Fue tanta la hospitalidad para “Napito” en Canadá que hasta la nacionalidad le otorgaron, un ligero gesto de agradecimiento el brindarle un hogar, cuando cerca de un 74 por ciento de las empresas mineras asentadas en México son canadienses.

Gómez Urrutia presumía de haber logrado alianzas con los sindicatos mineros de Estados Unidos y Canadá, pero lo que hizo fue dejar en una posición desfavorable a los trabajadores mexicanos de las minas.

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Germán Larrea, el socio de las mineras canadienses que exterminan con amianto cancerígeno

El sector minero ha sido acusado durante muchos años de evadir impuestos, por lo que no se tiene un cálculo preciso de si la fortuna de Germán Larrea, el dueño de Grupo México pudiera tener más riquezas que el propio Carlos Slim. Pero más allá de esto, hay algo que lo hace especial, Germán Larrea no sólo ha concretado negocios con las mineras canadienses, sino que las ha salvado de la quiebra.

Hombre generoso, Larrea demuestra que los mexicanos sí podemos ayudar hasta a quien nos perjudica. Eso hizo en 2009, cuando rescató de la quiebra a la empresa Frontera Copper Corporation por unos 43 millones de dólares canadienses.

Aquí habría que preguntarse si es un salvador de la economía canadiense o si es su prestanombres en el sector minero, algo que tiene su lógica cuando muchas de sus empresas son subsidiarias.

De Tucson, Arizona en los Estados Unidos, Americas Mining Corporation (AMC), es una de las filiales de Grupo México; pero también está la canadiense Lac d’amiante du Canada (ALC), propiedad de LAB crisotilo, ubicada en Thetford Mines, Quebec. Se trata de una mina a cielo abierto de amianto, con lo que se produce un asbesto, de alta toxicidad, capaz de generar tumores cancerígenos que han exterminado a amplios sectores comunitarios en Thetford Mines, así como en México, en las zonas donde este material es muy utilizado para la albañilería. Pese a todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno mexicano ha permitido la importación legal de amianto desde países como Canadá.

Lejos de evitar contacto con empresas involucradas en el envenenamiento de mineros y pobladores, Grupo México es un consorcio oportunista cada vez que una empresa involucrada en uno de estos casos está a punto de quebrar, e incluso busca comprarla con todo y litigio, así pasó en 2008 con la empresa Asarco, cuando le ofreció hasta 4.140 millones de dólares para saldar reclamos ambientales y por el uso del mortífero amianto. Nuevamente la filantropía y generosidad de Germán Larrea desconoció límites éticos, y salvó a la minera extranjera con veneno incluido. En ese entonces, según la agencia noticiosa Reuters, la empresa Asarco enfrentaba cerca de 5.300 millones de dólares en reclamos. Como es evidente, en esto consiste el negocio de Larrea: rescata empresas sucias, en banca rota, para luego cotizarlas como nuevas, también con renovada imagen, la del impoluto Grupo México.

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Tráfico de migrantes en trenes de Ferromex

Es muy común que grandes consorcios como Grupo México abarquen desde la minería, hasta cementeras y ferroviarias, pues pertenecen a un mismo ramo y tienen como base la materia prima de la explotación minera. Pero que en plena embestida del mandatario estadunidense, Donald Trump en contra de los migrantes, un empresario mexicano de origen español, como Germán Larrea, sea parte del problema con un doble discurso que trasciende a las acciones, es tan inconcebible como tolerado por los intereses norteamericanos. Así es como se han encontrado vagones de Ferromex con migrantes ilegales tratando de cruzar la frontera, y también muchos de ellos se han quejado de que los empleados de la empresa los extorsionan, persiguen y violentan.

En septiembre de 2015, un organismo de Derechos Humanos en Querétaro acusó al “Cuerpo de Guardias de Seguridad Valle Toluca”, contratado por Ferromex para vigilar sus instalaciones de haber detonado sus armas en contra de migrantes centroamericanos. Sin embargo, tanto Ferromex como Ferrosur del consorcio minero Grupo México, son las líneas ferroviarias que cubren algunas de las rutas migratorias de “La Bestia”, montura frecuente del tráfico de migrantes. La llamada “ruta del pacífico” obliga a los centroamericanos que buscan cruzar al otro lado, a subir en algún tren de Ferromex, pues su camino toca cinco puntos de la frontera con Estados Unidos.

 Las mineras en el “triángulo dorado” del narcotráfico

En 2016, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), declaró que el 75 por ciento del Fondo Minero fue absorbido por cinco estados con mayor actividad minera: Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila. Casualmente, a excepción de Coahuila, son las entidades involucradas en el “triángulo dorado” del narcotráfico, que recientemente se reactivó tras la recaptura y extradición del Chapo Guzmán.

Las empresas mineras de Canadá, Estados Unidos y China, que llegan a instalarse en territorio mexicano, lo primero que hacen antes de iniciar un proyecto en México, es acudir a alguna empresa de consultoría privada en materia de seguridad para solicitarle un reporte de inteligencia sobre la región que les interesa, haciendo especial énfasis en los cárteles de drogas que operan cerca de las mineras, no tanto para no realizar el proyecto, sino para saber con quiénes se tienen que arreglar.

Esta es una relación corrupta que va desde las autoridades, pasando por los empresarios mineros y los grupos criminales. Prueba de esto fue el robo de oro por un monto de 8.5 millones de dólares a la mina El Gallo 1 en Sinaloa, perpetrado por Los Beltrán Leyva en el año 2015. Rob McEwen, director general de la minera canadiense McEwen Mining Inc., declaró a un medio extranjero que ellos siempre mantienen buena relación con los grupos criminales, que incluso les avisan cuando tienen intenciones de explorar en algún punto y ellos les dicen si pueden, o si es mejor que regresen después.

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La infraestructura minera al servicio del narcotráfico

Siempre que se descubre un túnel “sofisticado” para la transportación de drogas, se informa sobre el “cartel” que lo operaba, su extensión más allá de la frontera y su cada vez más moderna infraestructura, pero nunca se investiga a quienes pudieron construirlo, a las empresas que podrían estar intercambiando favores o pagando protección a los grupos criminales de la amenaza de otros más violentos. Nada, ninguna empresa es responsable, la ingeniería subterránea del narcotráfico se parece a la ferroviaria y a la minera, pero cualquier vía de investigación en este sentido, no sólo se descarta, ni siquiera se contempla.

En 2015, se encontró en Tijuana, en la frontera entre México y Estados Unidos, un túnel por terminar, con rieles, ventilación e iluminación subterránea, supuestamente obra exclusiva de las manos ingeniosas del cartel de Sinaloa; así nada más, sin patrocinadores.

También en 2015, otro túnel que cruzaba de San Diego hasta Tijuana, fue localizado en un edifico en el área de Mesa de Otay en la calle Línea, con un punto de contacto en Tijuana en las instalaciones de la empresa Importadora y Exportadora Hega, cercana al aeropuerto internacional en esa ciudad. La propietaria, Elizabeth Hernández, negó que su empresa pudiera tener algún vínculo con el narcotráfico y se mostró sorprendida, como cuando les construyeron el túnel de escape para el Chapo a las autoridades del Altiplano. Conclusión: además de ingeniosos, sin patrocinios empresariales, los túneles del narcotráfico son silenciosos e invisibles.

Pasando de los cárteles del narcotráfico a los cárteles económicos, en los vagones del consorcio minero de Germán Larrea se han decomisado fuertes cargamentos de marihuana, tan sólo en 2009 la propia empresa de Grupo México, reconoció que en 14 meses había detectado 20 vagones cargados de estupefacientes. Tan sólo en 2016 en el Estado de Sonora, Fuerzas federales confiscaron un cargamento de casi 100 kilogramos de droga sintética conocida como crystal, que se hallaba en un vagón de tren. La Comisión Nacional de Seguridad informó que el cargamento se ubicó en los patios de la empresa Ferromex de la capital sonorense de Hermosillo. El cristal es una de las drogas más destructivas y adictivas que hay, causa severos daños a la piel, con lesiones cutáneas similares a las de la heroína. Pero para la empresa de Larrea, cada vagón es como un caballo de Troya. Ni sabe, ni pone freno al uso recurrente de sus unidades para transportar drogas.

Muchas veces la Secretaría de la Defensa (Sedena) ha encontrado droga en terrenos de esta empresa: el 25 de mayo de 2015, fueron asegurados 28 paquetes de mariguana por un peso total de 197 kilogramos en la estación de Nogales. En octubre de 2010, se encontró más de una tonelada de mariguana oculta dentro de vagones estacionados en el patio de Ferromex, y en diciembre del mismo año se aseguraron en Chicago, Illinois, 11 toneladas provenientes de un tren de la compañía que salió de Jalisco.

En julio de 2012, elementos del ejército ubicaron 275 kilos de estupefacientes en vagones modificados estacionados sobre la vía Empalme-Nogales. En 2013, se aseguró un cargamento de 1.16 toneladas de mariguana al interior de un vagón que también se encontraba en los patios de la empresa del empresario mexicano.

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Pero que nadie se preocupe por el prestigio de Germán Larrea, pues pese a que año tras año su empresa está involucrada en tráfico de drogas, él tomó las precauciones necesarias para blindarse, cuando en el año 2000 firmó un acuerdo de colaboración con las aduanas de Estados Unidos (US Customs) para combatir el tráfico de estupefacientes en la frontera norte del país. Su filantrópico corazón y el de los aduaneros norteamericanos les llevó a acordar que de encontrarse droga en algún carro de Ferromex, en vez de multar a la empresa, las aduanas de Estados Unidos verificarían que el dinero se emplee en el combate a la problemática del narcotráfico. Habría que preguntar tanto a las aduanas de EU, como al gobierno mexicano, en qué ha contribuido Germán Larrea al combate del tráfico de drogas.

Ecocidio y asesinatos

En Guerrero, la minería es una de las principales actividades y la explotación de la canadiense Gold Corp ha sido una constante. En marzo de 2015, la minera canadiense explotaba tierras de Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri, comunidad de Zumpango, cuando tres de sus empleados fueron levantados el 5 de marzo y encontrados sin vida una semana después con huellas de tortura en una fosa clandestina. Familiares de las víctimas declararon que previo a los hechos se había exigido a la empresa una mayor seguridad, pero el director de Asuntos Corporativos de Goldcorp América Latina, Michael Harvey, se deslindó de cualquier responsabilidad en una entrevista ofrecida al diario El Sur de Guerrero.

En 2013, en la Minera Cuzcatlán del Estado de Oaxaca, las protestas se agudizaron tras el asesinato en 2012, de Bernardo Vásquez Sánchez, defensor de la tierra en San José del Progreso, Ocotlán. La región oaxaqueña es dominada por los empresarios mineros Alberto Bailleres, presidente de Grupo Minero Peñoles, y Germán Larrea, de Grupo México.

Bernardo Vásquez Sánchez comenzó la defensa del ejido de San José del Progreso en 2006, cuando Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines Inc., se instaló en la región para extraer metales como oro y plata. Además, esta empresa está involucrada en la explotación irresponsable del líquido vital para la extracción de minerales.

En Oaxaca, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de seis títulos de concesiones a tres empresas mineras, permite el uso de un millón 291 mil 894.74 metros cúbicos anuales, equivalentes al 16.25 por ciento del agua que se destina a la capital oaxaqueña y 10 municipios conurbados. Un ecocidio que paulatinamente está secando a la entidad.

Uno de los ecocidios más escandalosos lo protagonizó Grupo México en agosto de 2014, con el derrame de sulfato de cobre en el Río Bacanuchi. Pero una de las grandes ventajas de Germán Larrea es que tiene tantas subsidiarias como delitos puede infringir, así que de haber perdido a la empresa Buenavista del Cobre, apenas habría significado una pequeña parte de su gran consorcio intocable en este y prácticamente todos los casos en los que se le ha visto involucrado.

Más allá del daño a la flora y fauna en Sonora, las personas se expusieron a posibles afectaciones en hígado y riñones, además de fuertes diarreas y vómitos. Se ha informado que el consumo de sulfato de cobre puede reducir la inteligencia de los adolescentes, pero la disminución de inteligencia nunca ha sido un problema para quienes explotan las minas en México tejiendo a su paso redes criminales y de corrupción.

Yuriria Rodríguez Castro

Yuriria Rodríguez Castro

Yuriria Rodríguez Castro, es periodista especializada en criminalidad. Egresó de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UNAM, es Maestra en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, y en ambas instituciones obtuvo Mención Honorífica. Actualmente cursa el Doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el INACIPE.