México lucha por la transparencia México lucha por la transparencia
No ha sido fácil transmitir en los medios de comunicación, la trascendencia de haber reformado el marco normativo para el combate contra la corrupción.... México lucha por la transparencia

Cómo entender el Sistema Nacional Anticorrupción

No ha sido fácil transmitir en los medios de comunicación, la trascendencia de haber reformado el marco normativo para el combate contra la corrupción. Durante el proceso prevaleció información sesgada y errónea. Muchas personas creen que se trata de una sola ley: la 3 de 3, y que ésta no pasó. Esta mala información se debe a que el enfoque de la cobertura se centró en el detalle de un solo ordenamiento: la publicidad de las declaraciones patrimoniales, la cual estará acotada por el derecho a la vida privada de las personas.

Con independencia de la polémica que esa obligación generó, es importante señalar la verdadera dimensión de los cambios. Se trata de una reforma, de aquellas llamadas “de gran calado”, y que se complejiza al querer resolver las causas que han hecho de  la corrupción una herida abierta que lacera gravemente al país. La promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción en julio pasado, implicó la creación de cuatro leyes y la reforma de cinco más, lo que nos coloca ante un nuevo universo de disposiciones que requiere ser explicado.

Comencemos con la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, cuya estructura parte de la iniciativa ciudadana (Ley 3 de 3). Esta busca resolver la fragmentación de competencias institucionales y la falta de coordinación entre los ámbitos federal y local, problemas que han impedido una efectiva impartición de justicia en todo el país. Por otra parte, considera a las personas físicas y morales del sector privado como sujetos de responsabilidad. Establece disposiciones expresas para implementar códigos de ética e integridad gubernamental, lo cual se complementa con el diseño de  políticas preventivas.

Precisa el papel de las autoridades que intervienen en los procesos de responsabilidad. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigará las irregularidades graves, y el Tribunal de Justicia Administrativa emitirá las sanciones que correspondan. Por su parte la Secretaría de la Función Pública perderá la facultad de sancionar irregularidades graves en materia administrativa, y de esta forma se elimina la subjetividad que prevalecía al recaer esta función en un dependiente jerárquico con un mandato subordinado al ejecutivo. La ley prevé mecanismos de protección de testigos y denunciantes que antes no existían.

Los legisladores por un lado se resistieron a hacer públicos los datos concernientes a sus bienes e ingresos y por otro lado, llevaron esa obligación a cualquier persona que recibiera recursos públicos, contemplando por ejemplo, a todos los empleados de empresas que hayan celebrado contratos con el gobierno. Dicha disposición se vetó por parte del Ejecutivo Federal pues su costo de implementación hubiera sido excesivo y su utilidad nula. Sin embargo, es de considerar que los contratistas y proveedores gubernamentales deban estar sujetos a mayores controles y escrutinios sociales.

Por su parte, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción le da forma al Sistema, aclara que se trata de una instancia de coordinación de autoridades que diseñará políticas públicas para combatir la corrupción. Las autoridades que lo conforman son: el Instituto Nacional de Acceso a la Información; el Tribunal de Justicia Administrativa; la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; el Consejo de la Judicatura Nacional; el Secretario de la Función Pública y el representante del consejo de participación ciudadana, quien presidirá la instancia.

El Sistema Nacional Anticorrupción requiere que todas las entidades federativas cuenten con su propio Sistema Anticorrupción. Para ello se creó un Comité de Participación Ciudadana que fomentará el involucramiento de la población a través de organizaciones sociales y académicas. Estará conformado por cinco ciudadanos que hayan acreditado probidad y prestigio en la materia, y uno de ellos será elegido para presidir la instancia de coordinación de autoridades. El Sistema Nacional tendrá una Secretaría Ejecutiva que será el brazo operativo, posibilitando al SNA para que pueda cumplir con el amplio mandato que le otorga la constitución. El secretariado ejecutivo tendrá carácter de organismo descentralizado no sectorizado, por lo que contará con autonomía técnica y de gestión para ejecutar las atribuciones del Sistema.

Finalmente el Sistema Nacional de Fiscalización también formará parte del SNA, y comprende funciones coordinadas de control y auditoría entre entidades locales de fiscalización, así como órganos de control interno con sus homólogas a nivel federal.

La ley de Fiscalización y rendición de Cuentas, le permitirá a la Auditoría Superior de la Federación monitorear e  investigar el flujo de recursos públicos, sin que el destino de los mismos en cuentas privadas o instrumentos financieros o crediticios, sea una limitante. En ese sentido, a la función de fiscalización no le podrán ser aplicables los secretos fiscal, bancario, fiduciario o bursátil. También se podrán fiscalizar las participaciones federales, deuda pública de las entidades federativas, tanto la directa que se encuentra registrada ante los estados y autorizada por sus Congresos, como la contingente, es decir los adeudos indirectos que se derivan de compromisos y obligaciones futuras.

Es el caso de las asociaciones público privadas, concesiones, y proyectos multianuales de inversión o prestación de servicios, los cuales muchas veces por su naturaleza privada escapan de ser fiscalizados, lo que representa un enorme vacío para la rendición de cuentas. También se mejora radicalmente la oportunidad de presentar informes y realizar acciones de fiscalización durante el ejercicio fiscal, lo cual resultaba una enorme limitante para la investigación y los procesos de responsabilidad.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa (LOTJA). El SNA contempla que la Secretaría de la Función Pública se integre formalmente de nueva cuenta en la LOAPF, ya que desde enero de 2013, se eliminó dicha dependencia de la ley en espera de ser sustituida por una fallida Comisión Nacional Anticorrupción que nunca prosperó. La reforma anticorrupción prevé que la Función Pública se enfoque en la evaluación y el desempeño del gobierno y le quita la atribución de sancionar por irregularidades graves, en esa virtud  modifica el mandato del actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual contará con una sección especializada en responsabilidades administrativas y salas regionales en la materia, sancionando así las irregularidades graves en el quehacer gubernamental. Además, el Tribunal podrá juzgar a particulares involucrados por actos de corrupción.

El Código Penal Federal se modificó con el objeto de establecer un título relativo a delitos por hechos de corrupción, a fin de hacerlo congruente y armónico con el resto del marco jurídico. Establece penas privativas de libertad así como la destitución, la inhabilitación y el pago de indemnizaciones a la hacienda pública. Menciona que las sanciones se agravan en caso de que los delitos los cometan servidores públicos de elección popular y aún más, de cometerse por policías, agentes aduanales o de migración.

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se modificó, a fin de señalar a la Fiscalía en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción como órgano con autonomía técnica y operativa, y así investigar y perseguir delitos relacionados con actos de corrupción. Esta ley también establece con claridad su integración y atribuciones dentro del Sistema Nacional Anticorrupción.

Con estas claridades, contamos con un panorama claro del Sistema Nacional Anticorrupción promulgado recientemente, en donde la transparencia y la rendición de cuentas juegan un papel importante en el combate contra la corrupción y la impunidad. Saber qué ha pasado y en qué se distinguen cada una de estas leyes, permite a los ciudadanos y a los medios de comunicación contar con mayor información sobre los logros en el proceso de creación y sobre los retos que tiene por delante el SNA.


Óscar Arredondo Pico

Óscar Arredondo Pico

Investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación