La falsa ruta del dinero  La falsa ruta del dinero
Gobernadores y funcionarios mexicanos han sido encarcelados bajo un paquete de delitos que incluyen defraudación fiscal, lavado de dinero,  La falsa ruta del dinero

Gobernadores y funcionarios mexicanos han sido encarcelados bajo un paquete de delitos que incluyen defraudación fiscal, lavado de dinero, peculado y crimen organizado. Desde los servidores públicos y munícipes de Michoacán en el proceso conocido como “Michoacanazo”, hasta los juicios en contra de la profesora Elba Esther Gordillo, Javier Duarte, Guillermo Padrés y Rodrigo Medina. Estos juicios mezclan la economía oculta y la economía criminal para generar una confusión donde los hechos quedan sometidos a la impunidad unas veces, y otras más a la injusticia.

El Maestro Julio Aspe Hinojosa, abogado por la Escuela Libre de Derecho, con una Maestría en Derecho Norteamericano por la Universidad de Saint Maris en San Antonio, y quien realiza estudios de Doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), se dedica a investigar la persecución simultánea de delitos fiscales y lavado de dinero, pues ha observado que tanto la procedencia ilícita como la defraudación fiscal, son un binomio en la ley mexicana, lo que genera injusticias de origen administrativo y penal.

 La falsa ruta del dinero

El también litigante en materia administrativa como penal, nos habla de que históricamente a nivel internacional, la ley en materia de lavado de dinero se contempló para combatir los recursos y las ganancias provenientes del tráfico de estupefacientes: “Esa fue la intención originaria, pero se fue ampliando el marco del lavado de dinero a financiamiento al terrorismo, peculado, delitos fiscales, robo y hasta delitos ecológicos. Hoy todo puede ser delito “predicado” o previo de lavado de dinero”.

La confusión legal que tiene a algunos funcionarios públicos y gobernantes purgando penas que no corresponden a su responsabilidad delictiva comprobable, tienen su origen en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que es la ley especial del delito de defraudación fiscal, y el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que se conoce como “lavado de dinero” o de “blanqueo de activos”, que se contempla en el artículo 400 bis.

Lo que genera suspicacia al ser acusado por este doble delito es que se activan simultáneamente dos instancias de investigación, una administrativa y otra penal, pero en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, quien tiene mayor injerencia es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el SAT:

“El procedimiento que sigue la Procuraduría General de la República empieza con el binomio del artículo 2° de la “Ley contra delincuencia organizada” y con el 400 bis del Código Penal Federal, referente a las operaciones de procedencia ilícita. Esto permite asegurar bienes, congelar y analizar cuentas, y detectar algún incremento patrimonial que no corresponda a los ingresos de la persona, pero éste puede que sólo provenga de una fuente de ingresos no explicable en esa etapa de investigación”.

Cuando se le pregunta al especialista en delitos fiscales qué sentido tiene que vayan en paralelo estos dos cauces legales, contesta que “cuando conviene que sea simultáneo así es, y cuando no, va separado…”, destacó Aspe Hinojosa.

 La falsa ruta del dinero

Uno de los problemas que implica este binomio, es la dificultad para definir la delincuencia organizada en la actividad de “lavado de dinero”, pues para el investigador, Julio Aspe Hinojosa, es muy complicado determinar en el ámbito fiscal lo que en el derecho penal se le llama “adjetivo de permanencia”, así como “la forma reiterada” del delito. El primer concepto se refiere al tiempo que el delincuente formó parte de la organización, así como a cuántos y cuáles delitos cometió dentro de la misma.

El mito de seguir la ruta del dinero

Se le pregunta al maestro Aspe Hinojosa, si es que es un mito que al seguir la ruta del dinero se encuentra al culpable, y al respecto contesta:

“Así es, esta persecución se hace a través de computadoras, informes que proporcionan los bancos y el cruce de información de las autoridades financieras, Es la propia Secretaría de Hacienda y el SAT, quienes tienen acceso a esta base de datos…”

-Entonces, ¿no siempre la ruta del dinero lleva al culpable?

-No, porque el particular que está bajo una de estas investigaciones tiene derecho a acreditar su inocencia y a revertir la carga de la prueba. Es un sistema contrario a lo penal, donde el acusado tiene que probar su inocencia.

Como una forma de desvirtuar la acusación, el acusado tiene derecho a acreditar la licitud de los recursos, o a acreditar en materia fiscal que los ingresos que tiene no son gravables, o a demostrar que la apreciación que hizo la autoridad de esos ingresos es incorrecta…”

El fundador del Instituto Mexicano Especializado en Estudios Impositivos (IMEI), reconoce que no siempre la ruta del dinero va a conducir a un culpable y que existe una confusión de fondo:

“Lavado de activos, como se visualiza desde la perspectiva de la política criminal, constituye un punto de unión entre dos ámbitos que conforman un binomio: fraude fiscal o economía sumergida y economía criminal del crimen organizado. Si analizamos por separado, hay que hacer la distinción de que se trata de dos procesos que surgen de presupuestos diferentes y no los podemos unir. La persona que realiza una actividad en una economía al margen del mundo fiscal, evita el pago de impuestos o contribuciones, lo que indica fraude o delito fiscal, pero es totalmente distinto a la actividad del crimen organizado y la economía criminal”, destaca para Horizontum, el Maestro Julio Aspe, quien advierte que eso ha ocurrido con algunos casos de políticos y funcionarios.

Prospectivas y recomendaciones

El especialista en derecho fiscal, Julio Aspe Hinojosa, vislumbra un escenario en el que el ciudadano común podría estar en la mira por “lavado de dinero”, por lo que recomienda tanto a los contribuyentes como a los funcionarios fiscales:

  • Recordar que en materia fiscal la actuación del contribuyente siempre se presume de buena fe.
  • Recordar que en materia penal existe la presunción de inocencia.
  • Recurrir a un contador con conocimientos en delitos fiscales, ya que el lavado de dinero y la defraudación fiscal, muchas veces se detectan por procedimientos administrativos que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Yuriria Rodríguez Castro

Yuriria Rodríguez Castro

Yuriria Rodríguez Castro, es periodista especializada en criminalidad. Egresó de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UNAM, es Maestra en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, y en ambas instituciones obtuvo Mención Honorífica. Actualmente cursa el Doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el INACIPE.