“¡Justicia, no más discursos!”, reclaman periodistas a presidente Peña Nieto “¡Justicia, no más discursos!”, reclaman periodistas a presidente Peña Nieto
¡Justicia, no más discursos!”, le exigieron este miércoles al presidente Enrique Peña Nieto un grupo de periodistas y reporteros gráficos durante una reunión convocada... “¡Justicia, no más discursos!”, reclaman periodistas a presidente Peña Nieto

“¡Justicia, no más discursos!”, le exigieron este miércoles al presidente Enrique Peña Nieto un grupo de periodistas y reporteros gráficos durante una reunión convocada por la Presidencia de la República para implementar varias acciones contra la impunidad en los crímenes contra la prensa, dos días después del doble asesinato de comunicadores que han conmocionado al gremio y a la opinión pública nacional e internacional.

Mientras que varios líderes de opinión de los medios denunciaban que estas acciones son una “simulación” y evidenciaron hallar soluciones dentro del propio sector periodístico, el mandatario mexicano se comprometía a acabar con la impunidad en los crímenes a periodistas y defensores de derechos humanos.

Aseguró Peña Nieto en su intervención ante gobernadores y el gabinete de seguridad en Los Pinos que trabajará para encontrar a los responsables de esos crímenes, que ya con la muerte de Javier Valdez Cárdenas, fundador de Ríodoce y corresponsal de La Jornada, y Jonathan Rodríguez, suman siete en lo que va de año, más de 30 desde que él asumió su cargo en el 2012 y más de 120 del 2000 a la fecha.
Recordó que “es obligación del Estado mexicano en su conjunto otorgar garantías a los periodistas para el desempeño de su profesión, especialmente ante la amenaza que hoy representa el crimen organizado, en ocasiones, infiltrado en las instancias de gobiernos locales en ciertas instancias del país”.

En su intervención dijo que se implementarán varias medidas para fortalecer la estructura y el presupuesto asignado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual atiende actualmente a 342 activistas y 196 comunicadores.

También se comprometió con un esquema nacional de coordinación y protocolo de cooperación para reducir las situaciones de riesgo de los periodistas y defensores de derechos humanos, fortalecer con más personal, la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión y en apoyar a las entidades en la creación de protocolos y ministerios públicos especializados en materia de libertad de expresión.

“La violencia perpetrada contra periodistas y defensores de derechos humanos ha abierto una profunda herida en nuestra sociedad”, reconoció, y los ciudadanos no demandan discursos por partes del Gobierno, sino “resultados”.

No obstante, los periodistas Lydia Cacho y Diego Enrique Osorno señalaron la inefectividad de las autoridades respecto a los crímenes contra periodistas.

Poco antes de que comenzara el evento oficial, los periodistas participaron en una rueda de prensa en la que Osorno avanzó que el Gobierno iba a “simular” que emprendería acciones y después emitiría una declaración que sería “mentira”.

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“Ya basta de darle al Gobierno la posibilidad de aparentar que está teniendo un diálogo con nosotros y haciendo algo”, remarcó.

Osorno defendió que, ante esta situación, el gremio periodístico debe unirse para una “reflexión”, mediante mesas de diálogo, que llevará a un “plan de acción” para hacer frente al problema.
Planteó que hay que analizar “si vale la pena” que exista el mecanismo de protección impulsado por la Secretaría de Gobernación, al que tildó “inservible”, “ridículo” y “absurdo”.

Por otra parte, el periodista aseveró que habría que “poner en escrutinio” a la nueva fiscalía de atención de delitos contra la libertad de expresión, que desde su creación en 2010 ha atraído 48 homicidios de periodistas, de los cuales solo se han logrado tres sentencias.

“Me consta que esa fiscalía fabrica culpables”, apuntó Osorno, quien afirmó que él mismo colaboró con el organismo pensando que podía ser de ayuda, pero al final la investigación “no llegó a nada”.
De acuerdo con un informe de la organización Artículo 19, 2016 fue el año “más letal” para la prensa mexicana, ya que se registraron 426 agresiones a periodistas, entre ellas once asesinatos.

Peña Nieto dijo este miércoles que es obligación del Estado otorgar garantías a los periodistas, “especialmente ante la amenaza que hoy representa el crimen organizado”, infiltrado en ocasiones en los gobiernos locales de ciertas regiones del país.

Sin embargo, Artículo 19 documentó que los funcionarios mexicanos son responsables del 53 % de las agresiones a periodistas en 2016, por lo que constituyen “la mayor amenaza a la libertad de expresión” en México.


La Redacción

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