John Moreno, activista por los derechos humanos, da su versión de los hechos desde el Cereso de La Paz, Baja California Sur, donde está detenido John Moreno, activista por los derechos humanos, da su versión de los hechos desde el Cereso de La Paz, Baja California Sur, donde está detenido
En una clara contradicción al discurso oficial del gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, de que se aplica la ley en la... John Moreno, activista por los derechos humanos, da su versión de los hechos desde el Cereso de La Paz, Baja California Sur, donde está detenido

Estas son las palabras de Moreno Rutowski

En una clara contradicción al discurso oficial del gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, de que se aplica la ley en la entidad y que existe el Estado de Derecho y pleno respeto a los derechos humanos y al medio ambiente, el mandatario ha incurrido en una actuación opuesta y contradictoria en el caso Tres Santos.

Desde el inicio del conflicto, que desembocó en el desalojo violento por parte de 200 granaderos a un población de pescadores de la comunidad de Todos Santos, Baja California Sur, tras la llegada del megaproyecto inmobiliario de Tres Santos, vinculado a Mira Companies y al cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Jerónimo Gerard, se solicitó la intervención de la autoridades competentes, el dialogo, y un proceso de mediación y conciliación para resolver un problema con evidentes irregularidades y afectaciones tanto para civiles como para el ecosistema.

La respuesta de la autoridad fue simulación, obstrucción, opacidad y desinterés, y, ante la falta de seriedad y formalidad de las autoridades, la comunidad afectada manifestó su inconformidad a través de la protesta social. La respuesta de las autoridades fue continuar con la simulación y la omisión, además, incurrieron en la represión, humillación, difamación e intimidación.

John Moreno, activista por los derechos humanos, da su versión de los hechos desde el Cereso de La Paz, Baja California Sur, donde está detenido

Ante la falta de voluntad política para hacer cumplir la ley y ante la evidente parcialidad en favor del desarrollador, se optó por presentar una serie de denuncias y demandas ante las autoridades competentes. Nuevamente, la autoridad ignoró y desestimó sin fundamento las peticiones legales y persiguió penalmente a los inconformes, lo que culminó en mi detención el pasado 19 de mayo de 2017, en un proceso caracterizado por investigaciones simuladas, falsificación de firmas, de constancias y de diligencias ministeriales.

Una vez detenido, el aparato judicial, con instrucción del Ejecutivo, encabezado por Carlos Mendoza Davis, distorsionó el proceso penal, aplicando de manera arbitraria la ley para sujetarme a proceso y mantenerme privado de mi libertad, aun cuando no existen pruebas de la inexistencia de delito alguno y de tener el derecho de gozar de mi libertad aunque fuese bajo fianza.

Estos hechos representan una franca violación a mis garantías constitucionales y derechos humanos. La autoridad pasó de ser negligente, a participar activamente en la represión y persecución criminal de personas que en todo momento lo único que han pedido es que cumplan con sus obligaciones y respeten ley y la Constitución, tal y como juraron y protestaron al asumir sus cargos.

Mi delito es haber exigido que cumplan con dicho mandato, y la autoridad que no cumple con su deber legal, es una autoridad que carece de legitimidad.


La Redacción

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