El narcotráfico como gobierno. Entrevista con Gustavo Duncan El narcotráfico como gobierno. Entrevista con Gustavo Duncan
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El tráfico de drogas y los conflictos de él derivados no sólo han tenido un impacto en materia puramente criminal sino que también han... El narcotráfico como gobierno. Entrevista con Gustavo Duncan 4

El tráfico de drogas y los conflictos de él derivados no sólo han tenido un impacto en materia puramente criminal sino que también han tenido consecuencias políticas. Entre éstas se puede destacar, en los países más afectados por aquella actividad, que los cárteles han ocupado territorios que han sido descuidados por el Estado, en los que han llegado a ejercer funciones de autoridad.

Esa situación ha dado como resultado una disputa ya no sólo por el control del mercado de las drogas sino también por el poder político, especialmente de las periferias tradicionalmente excluidas, lo que ha derivado en enfrentamientos violentos que han afectado los procesos democráticos y la convivencia social en general.

Sobre lo anterior Gustavo Duncan (Cartagena, Colombia, 1973) ha escrito el libro Más que plata o plomo. El poder político del narcotráfico en Colombia y México (México, Debate, 2015), en el que presenta una teoría respecto “al hecho de que gobiernan un pedazo de la sociedad”. Sí, afirma: “Es una nueva forma de dominación en que una clase criminal, por su posesión de los medios de capital y de coerción, ocupa la jerarquía superior en espacios donde el orden social ha sido transformado por el narcotráfico”.

Sobre ellos charlamos con el autor, quien es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Northwestern. Ha sido profesor en las universidades de los Andes y EAFIT, así como investigador de la Fundación Seguridad y Democracia. Autor de dos libros, ha colaborado en medios como El Tiempo, de Bogotá, y El País, de Cali.

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Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué escribir un libro como el suyo, una “exploración del ejercicio de la dominación social por parte de una clase delincuencial”?

Gustavo Duncan (GD): Esto es un asunto que arrancó mucho tiempo atrás. Soy colombiano, y en cierto momento me comencé a preguntar: “Bueno, hay una guerra contra el narcotráfico; si estos señores deberían ser puramente delincuentes ¿por qué llegan a los niveles que alcanzan?”. Yo trabajaba en otros temas, en asuntos de políticas públicas, subsidios de educación y salud, y comencé a ver en las regiones de Colombia cómo los criminales, los narcos y —en ese entonces— los paramilitares comenzaron a convertirse en Estado, a asumir funciones de gobierno. En ese momento empecé a ver que esto es mucho más complejo de lo que uno había creído, por lo que había que dedicarse a hacer un buen libro.

Aparte quería enfocar mi profesión en algo que me gustara más, y quería escribir un libro sobre este tema; así fue que saqué mi primer libro, Los señores de la guerra, que fue específicamente sobre los paramilitares en Colombia, pero cuando lo terminé era claro que mi pregunta era más amplia: no solo los paramilitares gobernaban sino muchos otros criminales también han gobernado y en muchas otras circunstancias. Allí surgió la idea de hacer un doctorado y hacer una investigación y una interpretación teórica aún más profundas del fenómeno.

AR: Al final usted hace un señalamiento muy importante: dice que la sociedad “ha estado poco interesada en comprender cómo un actor de poder que surgió de la venta de una mercancía ilícita a los mercados globales ha gobernado grandes porciones de la periferia de ambos países”. ¿A qué se debe este desinterés que, creo, no es sólo de la sociedad sino de periodistas y la academia?

GD: Es difícil decirlo porque incluso a mí en muchas ocasiones me dicen “estás haciendo una apología del narco”, y no la estoy haciendo sino reconociendo una realidad; les pido por favor que no maten al mensajero. Creo que estudiarlo y reconocerlo no significa de ningún modo legitimarlo, que es el gran problema que hay. Incluso uno puede ver en sectores de izquierda que legitiman y reconocen el control que, por ejemplo, las guerrillas puedan tener en una sociedad, pero en ningún modo quieren reconocer y legitimar que un grupo armado de un narcotraficante ejerza esa misma función. Hay diferencias, sí, pero en esencia sigue siendo lo mismo: cobrar impuestos, impartir justicia, vigilar a la población.

Entonces es muy difícil para la sociedad estudiar un fenómeno porque es políticamente inconveniente.

El problema es que si se quieren hacer políticas públicas y se quiere comprenderlo, necesariamente hay que asumir la realidad, y creo que es el papel que yo he cumplido; es decir, pasar de comprender esa realidad de manera descarnada y despojada de cualquier prevención y estudiarla sin miedo.

AR: Buena parte del libro está construida sobre la distinción básica y fundamental que hace usted sobre sobre las organizaciones criminales del narcotráfico: la mercancía, que es la que predomina en la periferia, y, por otra parte, el capital, que más bien corresponde al centro. ¿Cuáles posibilidades analíticas le dio esta diferenciación?

GD: Esa versión quiere decir que uno puede distinguir el narcotráfico en sus distintas fases operativas si son más intensivas en la mercancía o en el capital; es decir, la droga en sí y el pago por ella. Eso es interesante en el análisis porque está relacionado con la geografía del Estado. La razón es porque la mercancía es mucho más criminalizada que el capital del narcotráfico, y en ese sentido la producción y el transporte de la mercancía suele ocurrir lejos del Estado. Por eso es que fue una oportunidad para las áreas periféricas y excluidas de incluirse en los grandes mercados internacionales: allí, por estar distantes del Estado, se corrían menos riesgos, había más posibilidades de protección y allí mismo era donde podían surgir organizaciones criminales que asumieran las funciones del Estado.

En cambio, cuando la droga se convierte ya en capital y después de ser lavado ingresa en una cuenta bancaria comienza a estar bajo el control de las instituciones del Estado. Éste regula el dinero de los narcotraficantes, y en ese sentido la droga no es una amenaza política sino meramente delincuencial.

Esa es la gran diferencia; me tomó mucho tiempo darme cuenta de eso, pero son de esos momentos en los que a uno se le prende la bombilla y se le ocurre la idea. En realidad se me venía ocurriendo mucho antes, pero es en la forma de presentarla cuando queda total claridad para uno y para los lectores cuando se pueden hacer esas distinciones. Y sí, gran parte de la tesis del libro gira en torno de esa distinción.

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AR: En ese tipo de diferenciación encuentra usted clasismo en términos de los aparatos de justicia. Esto también es una lectura de la desigualdad social porque usted dice que en la periferia generalmente están las personas pobres…

GD: Eso no es nuevo; ahora en criminología también es una oportunidad porque no se sabe qué fue primero: el huevo o la gallina. Fue que las elites criminalizaron lo que hacían los sectores subordinados en el narcotráfico, o fue que éstos encontraron una oportunidad porque tenían unas habilidades superiores a las de las elites para dedicarse a esas actividades. Es decir, dedicarse a la violencia significa estar dispuesto a jugarse la vida y tener contactos sociales con redes criminales; por esto el narcotráfico se convirtió en una gran ventaja para los excluidos.

Es difícil decir qué fue primero, pero hay una realidad de a puños: que el narcotráfico se convirtió, por su propia criminalización, la segregación, el clasismo y la discriminación de las autoridades y las decisiones del Estado, en una oportunidad para los excluidos.
Esa es la gran paradoja.

AR: Usted habla en el libro de la relativa fortaleza del Estado tanto en Colombia como en México; pero ¿no fue justamente la debilidad del Estado la condición para el crecimiento del narco?

GD: Claro; la cuestión es que el Estado sí tenía los recursos y los medios, pero no tenía el interés de llevar sus instituciones hacia ciertos sectores sociales de la periferia y la marginalidad. Eventualmente surgió el narcotráfico y estos sectores resolvieron sus problemas de inclusión; en el momento en que estos sectores comenzaron a acumular poder y a llevar las disputas y la violencia del narcotráfico hacia secciones más integradas de la sociedad que eran del interés del Estado, es cuando éste tuvo que responder y se vio obligado a desplegar sus recursos.

Esto es muy distinto a los casos de Guinea Bissau y Sierra Leona, donde el Estado puede caer y va a colapsar; en este caso es que el Estado se vio obligado a responder y a llevar sus instituciones a lugares donde no había puesto su atención. Esa es una de las consecuencias de la guerra del narco.

Paradójicamente, la guerra del narco va a ser del Estado, entre otras razones, porque ella tiene dos sentidos muy distintos: uno, el de las agencias antidrogas, que lo que quieren es evitar que la droga llegue a sus usuarios finales, y otro es el de los gobiernos y los Estados en los países productores como Colombia y México, donde la guerra es por impedir que las instituciones del narcotráfico gobiernen pedazos de la sociedad.

AR: Usted dice en el capítulo dedicado a la guerra en el sentido político que, paradójicamente, ese tipo de conflicto ha significado un proceso paulatino de fortalecimiento estatal en México y en Colombia. ¿Por qué?

GD: Es que el Estado nunca estuvo en muchas zonas periféricas y fue débil porque no las necesitaba. El caso de Colombia es más extremo que el de México, que tuvo al PRI y la revolución, lo que obligó al Estado a hacer una serie de transacciones para incluir grandes capas de la población. Colombia es un país muy extenso en el que grandes capas de la población aún viven en regiones apartadas y que fueron gobernadas por las guerrillas en un momento en que éstas eran muy débiles, no amenazaban al Estado central y podían ser gobierno; el Estado se lo delegaba en la práctica. Luego llegaron los narcos y comenzaron a asumir esas funciones: se enfrentaron con la guerrilla y cuando se creó el conflicto es que el Estado se vio obligado a llegar.

Además sucedió otro fenómeno: las elites de esas zonas periféricas que se habían empobrecido ante el crecimiento y la modernización de la economía, de urbanización, en un momento dado se encontraron con que tenían recursos, y la clase política que surgió ya podía competir por el poder nacional. Se convirtió en mediadora del narcotráfico, por supuesto, pero sus miembros se hicieron jugadores poderosos e influyentes a nivel nacional: podían pedir y reclamar más. Llevaron a cabo ese proceso de inclusión.

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Por eso el narcotráfico tiene que verse dentro de la historia política de estas sociedades: las transformaciones que está produciendo son enormes y van más allá de un asunto puramente criminal. Por supuesto que la mayor parte de lo que pasó en ningún momento fue pensado y calculado. La clase política regional también se peleó con los narcotraficantes: tuvo que hacer un balance entre el poder que adquiere por el narcotráfico y el poder que pierde a manos de los narcotraficantes que los querían someter a nivel local.

Lo anterior es caótico, como son la mayoría de los procesos de construcción de Estado. Cuando se hicieron los Estados europeos, procesos que comenzaron muchos siglos antes, nunca se pensó que se iba a llegar al Estado nación ni mucho menos a la democracia capitalista occidental. Estos son procesos fortuitos, pero lo interesante es prestar atención en que estamos ante un gran proceso de transformación del sistema político y de nuestra sociedad a raíz del narcotráfico. Esto no es solamente una anomalía provocada por criminales.

AR: Al respecto me llamó la atención esta parte, digamos, reivindicadora de los narcotraficantes. Como usted dice, se puede hablar de inclusión social; en ese sentido, ¿los narcotraficantes han generado prosperidad en comunidades?

GD: El problema es que cuando es una comunidad muy apartada y hay muy poca acumulación de capital no la genera. Eso no lleva un proceso, una espiral de acumulación; no, lo que sucede es que esas sociedades se vuelven dependientes de los ingresos del narcotráfico para permitir la inclusión en el mercado. Es decir, se encuentra la inclusión en un mercado siempre y cuando el narcotráfico se mantenga; en municipios intermedios, en cambio, cuando ya existe un nivel mínimo de acumulación del capital, la traída de esos capitales va generando ya un proceso de transformación y de inclusión en los mercados, de más larga duración. Finalmente, la mayoría del capital del narcotráfico ¿a dónde se va a venir? A grandes ciudades, como Bogotá o el DF, porque de una u otra manera lo que se produce y los grandes servicios del país, que finalmente van a ser distribuidos hacia la zona periférica, provienen de esas ciudades, y la plata finalmente llega a los bancos, a las fábricas, los servicios y el comercio que están acá.

Esa es la gran diferencia; sin embargo, en el entretanto los narcos se convierten en quienes garantizan esa inclusión y generan toda una demanda política por mantenerla en un mercado, de manera directa o indirecta, que se nota en las votaciones, en el soporte social a la dominación de los narcotraficantes. Es una expresión política de esos procesos de inclusión.

La solución de asuntos sociales que no solamente son materiales sino también del orden de la justicia que proveen los narcos, se convierte en una demanda apremiante, sobre todo cuando hay guerra de narcotraficantes, que es cuando más se necesitan la protección y la seguridad.

AR: En el libro señala en varias partes el clientelismo…

GD: Claro, siempre se ha utilizado, pero se agregan dos nuevas variables: uno, un enorme y nuevo volumen de recursos que permite la inclusión en el mercado y, por el otro lado, la protección. Ahora el patrón no sólo va a dar recursos sino protección y seguridad cuando es lo más necesario por las guerras que hay entre los narcos. Éstas, al ser guerras por el gobierno de la sociedad en las que un narco se enfrenta a otro, implican el ataque a la sociedad, y por eso son tan violentas y tan sangrientas.
Es una gran paradoja: es decir, los narcos alcanzan legitimación pero a un costo en sangre y en muertes enorme.

AR: Al respecto me llamó la atención cómo se desarrollaron en las ciudades, en los sectores más marginados, las subculturas criminales y cómo fueron utilizadas.

GD: El caso de Pablo Escobar, que es el más extremo: había una subcultura criminal, había unos jóvenes que sintieron que en el proceso de modernización y de urbanización no tenían ninguna oportunidad por las normas establecidas, y decidieron crear un sistema normativo alterno del que es parte la violencia del crimen. Eso pasa en todas partes, no sólo en Colombia y México, en Medellín o en Monterrey: ha pasado en Estados Unidos, y hay películas de ello, por ejemplo Pandillas de Nueva York.

Es un fenómeno masivo; la gran diferencia es que eventualmente los narcotraficantes pueden encontrar en esas subculturas una oportunidad de mano de obra para hacer la guerra en lugares de la ciudad donde establecen el control.

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Escobar se dio cuenta de si él iba e invertía dinero en esas comunidades y contrataba a las pandillas como sus trabajadores para hacer la guerra, podía someter a los demás miembros del cártel de Medellín y luego hacer la guerra contra el Estado. Así, a los pandilleros que tenían una subcultura por la que se iban a dedicar al pillaje, al atraco, a la anarquía o al vandalismo, de repente les dicen: “Señores, dejen de hacer esos pequeños crímenes; yo los voy a disciplinar y los voy a convertir en unos criminales que son capaces de desafiar a un Estado”.

Hoy uno ve las diferencias: yo soy de Cartagena. Colombia, donde los criminales, los narcotraficantes, nunca utilizaron a las pandillas de los barrios; si uno se mete a YouTube, puede ver que las peleas de esas pandillas son con puñales, con piedras, con palos. Dan ganas de llorar: parecen cavernícolas. Pero en Medellín las guerras entre las pandillas de las comunas son con AK-47, una gran diferencia.

Los de Cali no las utilizaron porque eran elitistas: Gilberto Rodríguez Orejuela se fue con las elites y nunca armó a la pequeña criminalidad. Cuando revisé la prensa, encontraba cualquier cantidad de noticias de asesinatos en moto en Medellín, y en Cali lo que encontré eran noticias de limpieza social para evitar que los ladrones se insubordinaran.

AR: Llama la atención que no nada más es un enfrentamiento del Estado contra las organizaciones criminales sino que éstas, en su tarea de dominación, de imposición de esta regulación social, parece que también le fueron muy funcionales al Estado en ciertos aspectos.

GD: Claro, en el fondo son una delegación del Estado que se hace del control de las áreas periféricas. Por ejemplo, al Estado mexicano le costaría mucho proveer servicios, protección, justicia y garantizar, además, el crecimiento económico de estas áreas periféricas que no producen ningún tipo de renta para el Estado. Es decir, lo que podría recuperar de impuestos es nulo, y esto lo haría pérdida; los cárteles, al contrario, pueden ofrecer justicia y protección a muy bajo precio. Esa es la gran diferencia, por ejemplo, entre un funcionario del Estado y uno de un cártel: la policía del Estado no puede aplicar justicia y sólo vigila, ya que se tiene que llegar ante un juez, luego hay un debido proceso y después enviar al delincuente a una cárcel. Todo eso hay que pagarlo, y lo tiene que hacer la sociedad, el Estado. Es costosísimo aplicar justicia en una población que, además, no tiene recursos, y no sólo es costosísimo en dinero sino en tiempo. La gente quiere que resuelvan el problema del criminal que la tiene azotada, y resulta que hay un juez al que le tienen que probar que efectivamente fue él. Eso toma demasiado tiempo.

Un sicario, un halcón de un cártel, en cambio, actúa como juez, conoce a la comunidad y él mismo aplica el castigo: le da una paliza, lo destierra, lo expropia o lo mata. En ese sentido resuelven un problema de las instituciones del Estado, ya que los costos de aplicación de esa institución se reducen en espacios donde, además, el Estado no cobra impuestos porque, como tienen criminalizado el narcotráfico, no tiene cómo extraer recursos. Los cárteles, en cambio, se especializan en extraer recursos de comunidades en las que para el Estado no existe ningún tipo de rentabilidad.

AR: ¿En dónde confluyen y dónde entran en conflicto estas áreas dominadas, por una parte, por el Estado, y por la otra por el narcotráfico?

GD: Hay lugares que no tienen por qué ser controlados por el Estado. Hay, por ejemplo, un proyecto urbanístico en el que intervienen hombres ricos. Estos empresarios en ningún momento van a dejar que sean las instituciones de los cárteles las que regulen este negocio: para la sociedad sería muy costoso y sería imposible hacer negocios.

Hay espacios de la sociedad donde el control de las instituciones de los criminales es totalmente contraproducente, sobre todo cuando hay niveles de acumulación; allí el control de los cárteles es negativo en todos sentidos, no sólo para los negocios sino para la misma vida social cotidiana, para las normas, valores y comportamientos de la gente. Cuando los narcotraficantes acumulan poder desde la periferia y quieren utilizarlo para expandirse, y comienzan a entrar en esos espacios es cuando el Estado se ve obligado a reaccionar: “Aquí tú no puedes entrar, y si entras, no hay manera ni siquiera de que la clase política que aboga por ti te pueda proteger. Entonces vamos a responderte a sangre y fuego”.

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En esencia esa fue la guerra del narco en México a mediados de los 2000: la clase política de la periferia perdió poder con la apertura democrática del PRI, los narcos ganaron y acumularon poder y tuvieron cómo expandirse; en un momento dado el Estado les dijo: “Un momentito: está bien que controles al presidente municipal, al dirigente de un rancho, pero a mí, aquí, ya en este nivel, no puedes llegar. Vamos a desplegar nuestro aparato de fuerza”. Que Felipe Calderón tuvo muchos errores y lo hizo mal, que hubo violaciones a los derechos humanos, estoy de acuerdo, pero el Estado fue obligado a reaccionar.

AR: Vamos sobre las respuestas de la sociedad: usted comenta que los empresarios legales siempre van a preferir que el Estado regule. ¿Cómo han reaccionado ante el avance del narcotráfico?

GD: Pongo un ejemplo, que es el caso de los comerciantes de Medellín, un grupo de empresarios que tienen bodegas y centros comerciales enormes en el centro. Eso se hizo originariamente con dinero de lavado del narcotráfico; a medida que pasó el tiempo y acumularon, como ellos solamente manejan la parte del dinero, se dieron cuenta de que dejar en manos de la mafia, de adolescentes armados, la regulación y el control de esos negocios es una irresponsabilidad porque había demasiado dinero en juego. Al día de hoy ellos prefieren que sea el Estado quien los regule y simplemente aplicar a la corrupción del Estado. Sus negocios son muy grandes y ya son suficientemente legales y legítimos como para dejarlos en manos de criminales.

Eso es una respuesta a lo que sucede. El problema es que para hacer un capitalismo legal, racional (como diría Weber), son necesarias instituciones del Estado; en cambio, si vas a hacer un capitalismo de venta de droga y de pura mercancía, sí se requieren organizaciones criminales como cárteles, señores de la guerra, pandillas que no ofrecen protección sino al contrario. Así, el valor agregado final de la droga es la producción de poder para reducir los riesgos; es un negocio de reducción de riesgos, en esencia.

AR: ¿Cuáles son las principales instituciones de regulación que han impuesto las organizaciones del narcotráfico?

GD: Creo que lo interesante es cuando las organizaciones coercitivas que regulan el negocio, los aparatos de los narcos, en cierto momento dan un salto y comienzan a regular sociedades, es decir, a administrar justicia y a ofrecer vigilancia en las comunidades. Ese es el punto de quiebre: cuando hacen eso estamos hablando ya de otro nivel.

Allí se ve incluso la diferencia entre los casos de Estados Unidos, México y Colombia: en el primero hay narcotráfico, hay pandillas que venden droga, pero en ningún momento ni la organización de narcotraficantes ni las pandillas asumen las funciones de gobierno propias del Estado. Lo que uno encuentra es que lo peor que puede hacer una organización criminal es atentar contra un servidor público como un policía. Eso en el fondo es una demostración de que la Policía sigue estando a cargo del territorio y que los narcos regulan solamente los asuntos de droga.

En México y Colombia es distinto, porque la corrupción es diferente: en Estados Unidos es simplemente para evitar que la Policía, las autoridades intervengan en un negocio ilegal; en Colombia y México es para evitar que las instituciones del Estado interfieran con instituciones de las organizaciones criminales que en la práctica gobiernan las comunidades.

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AR: Otra de las reacciones sociales a este dominio de las organizaciones criminales son las autodefensas en Michoacán, en Guerrero, y usted habla también de Medellín. ¿Qué ha pasado con estas rebeliones de las comunidades?

GD: Las autodefensas en México son muy distintas a las que se dieron en Colombia. En ésta, paradójicamente, las FARC se llamaban al principio “Autodefensas Campesinas”, y luego los paramilitares, que eran ejércitos de los narcotraficantes, se llamaron también autodefensas campesinas para defenderse de la guerrilla. Esto era parte de una lógica dentro de la Guerra Fría.

Lo que sucedió en Michoacán es interesante porque surgieron cárteles nativos como respuesta a los cárteles que venían de otras regiones de México, como Los Zetas, de Sinaloa, del Golfo y demás. La población local se cansó de ser dominada por cárteles y adoptó las mismas instituciones de éstos para gobernarse a sí misma; eso es básicamente lo que sucedió con La Familia Michoacana y con Los Caballeros Templarios.

Luego hay sectores medios, que no son necesariamente narcotraficantes, y que en cierto momento se rebelan cuando se agota la capacidad de aceptación de las instituciones de los criminales. Esto ocurrió porque se traspasó un umbral moral de dominación: hubo un momento en que había demasiada humillación que no era soportable, sobre todo en el tema de las violaciones, y se creó una forma de autodefensa con otro tipo de instituciones distintas. En este caso la resistencia adoptó las instituciones de los mismos criminales, en un primer momento; el Estado se vio obligado a intervenir, y luego vimos que gran parte del aparato coercitivo que generaron las autodefensas se comenzó a desviar nuevamente para transformarse hacia el control del narcotráfico, hacia la criminalización, aunque no todas. Pero allí hay un problema de hacia dónde puede seguir. Eso suele suceder no sólo en el caso de Michoacán.

AR: Cita también el caso de Medellín.

GD: Allí siempre fueron narcos, pero la cuestión es que cuando se creó la autodefensa de los hermanos Castaño, al final todo el mundo decía: “Es que se corrompieron”. Pero ellos eran parte del cártel de Medellín, traficaban con Escobar desde los años setenta y, simplemente, los narcos terminaron enfrentados con la guerrilla. Esa es la gran diferencia entre México y Colombia (a propósito: los narcos colombianos tuvieron que controlar territorios muy rápido porque era la única manera de defenderse de la guerrilla; en México, en cambio, el tema del narco asumiendo funciones de gobierno pasó por la apertura democrática).

AR: Para hablar justamente de la cuestión democrática en México y Colombia, ¿cuál ha sido la relación entre estas democracias del centro con los autoritarismos subnacionales que usted señala?

GD: Es un concepto de un profesor mío, Edward Gibson, quien hablaba del autoritarismo subnacional y ponía el caso de México: podrá haber elecciones y ciertos atributos de la democracia, pero en la práctica priman relaciones autoritarias. A esto habría que agregarle que se trata de un autoritarismo competitivo: es decir, se compite en la forma pero las instituciones que surgen son autoritarias. El narco eleva la apuesta porque eso era antes dentro de la misma democracia; ahora también lo es pero, además, con armas, que es una forma de autoritarismo de las más oprobiosas en el sentido del control de la población.

Entonces tendríamos un autoritarismo subnacional competitivo armado.

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AR: También muy vinculado con la relación mercancía-capital.

GD: Claro: donde está la mercancía es donde se da ese tipo de autoritarismo y las extensiones democráticas tienen menos posibilidades de funcionar. Esto se debe a que cuando la sociedad maneja recursos de manera independiente del Estado, tiene cómo negociar las condiciones de gobierno con el Estado de una manera distinta que cuando quienes ejercen el poder directamente son quienes controlan las principales fuentes de recursos de la comunidad. Entonces no se crea una sociedad civil.

AR: Como usted destaca, los señores de la guerra que existen más a nivel local no han aspirado al poder nacional. ¿En algún momento pueden dar el salto a aspirar al poder nacional? ¿No lo hizo ya con la guerra que sostuvo Escobar contra el Estado, por ejemplo?

GD: El asunto es el siguiente: las guerrillas estaban paradas sobre una ideología que se creó en el siglo XX, con un discurso que además se fraguó en la gran tensión histórica mundial: la creación de dos modelos de Estado nación.

Lo que buscan los señores de la guerra en estos casos es cómo ejercer en la práctica como un Estado. Eso no quiere decir que no tengan ideología; hay una que casi es intuitiva. Lo que no tienen es un gran discurso que esté sustentado y que les permita expandir esa forma de autoridad más allá de unas comunidades concretas. Se han dado casos de narcotraficantes que han querido dar ese salto por su propia acumulación de poder, pero se estrellan muy rápidamente.

Le pongo un ejemplo: la clase política que negoció con Pablo Escobar lo hizo por dinero en un principio; pero cuando vio que Escobar tenía un proyecto político para llegar hasta la presidencia le pareció imposible. Esto es demasiado ambicioso y se fue a la guerra contra el Estado. Muchos políticos que le aceptaron dinero tuvieron que ir a pelear contra Escobar, y algunos fueron asesinados por eso.
El hecho de no estar sustentado en un proyecto ideológico coherente y vendible ante la gran comunidad nacional hace que los narcos tengan una gran limitación. Esa es la diferencia con la guerrilla.

AR: Usted menciona que en un principio Pablo Escobar no era tan mal visto pese a sus actividades, lo que ocurre también con varios narcotraficantes mexicanos gracias a su clientelismo. Esto significa una disputa por la legitimidad…

GD: Es que siguen siendo legítimos hoy en la zona periférica. Es una realidad: simplemente vayan, dense una vuelta, y hay muchas comunidades para las que son legítimos pues por primera vez trajeron el mercado y las oportunidades de poder. Son reconocidos en la comunidad nacional y son parte de las noticias. Eso es una realidad.

Obviamente hay situaciones que acaban en oprobio, en violencia, pero eso continúa porque es una forma de la sociedad. Y con esto no se trata de hacer una apología sino de comprender un fenómeno de una forma que no sea tan simplista, de decir que no son unos tontos pobres excluidos que se dejan deslumbrar por los narcos; no, fue una oportunidad de transformación política real. Si el Estado quiere responder de manera efectiva tiene que ofrecer algo a cambio, superior a lo que ofrecen los narcos, y es necesario que lo haga por el bien de la democracia, del mismo Estado mexicano y de la sociedad. Es un exabrupto que pedazos de la sociedad sean gobernados por criminales; esto no tiene razón de ser.

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AR: Por lo que se lee en el libro, los narcotraficantes han sido tanto transformadores y conservadores: buscan una transformación social y después buscan la permanencia de ella.

GD: Es que son muy prácticos: los narcotraficantes —a diferencia de las guerrillas, que quieren crear nuevas instituciones impuestas con todo el discurso marxista— toman las instituciones locales existentes que a ellos les sirven, las adoptan y las potencian con recursos y armas. Pragmáticos, y eso es suficiente para dominar y gobernar, y no se van a complicar con grandes discursos y grandes ideologías sofisticadas.

Tienen además otra ventaja, y es que como ellos permiten el acceso al mercado, la misma publicidad del consumo de masas los legitima.

AR: Usted señala que hay tres sentidos de esta guerra contra las drogas: uno que podemos llamar internacional, que viene de Estados Unidos, del FBI; otro, la vertical, que sostiene el Estado contra las organizaciones criminales, y, finalmente, el horizontal: las organizaciones criminales se combaten entre sí. También destaca las guerras horizontales y verticales, que son las últimas dos. ¿Cómo se entrelazan estas tres disputas?

GD: Lo que suele suceder es que el Estado lleva una guerra simplemente para evitar que la mercancía llegue al usuario final, y hay otras guerras que no son anticriminales sino políticas, por la disposición de instituciones de gobierno a lo largo del territorio. Hay guerras horizontales: no hay cambios porque un cártel se enfrenta a otro por las mismas instituciones de control, que son de los criminales; pero hay guerras verticales entre el Estado y un cártel cuando éste pretende imponer y expandir sus instituciones en el territorio controlado por aquél.

El problema es que por lo general hay un cártel que acumula más poder y desafía más al Estado, y éste termina por atacar más a ese cártel mientras los otros cárteles se favorecen.

También hay corrupción, y es masiva; hay ciertos funcionarios del Estado que cumplen con el mandato de perseguir a un cártel, pero lo hacen no sólo por convicción sino también porque les está pagando otro cártel. En ese sentido, son unas guerras en que se cruzan no sólo los cárteles sino los mismos funcionarios del Estado, lo cual va en contra de esa gran teoría de la conspiración que dice que el gobierno mexicano o el colombiano se alían con un cártel. Por lo general lo que sucede es que hay demasiados funcionarios y una corrupción masiva.

Lo que también ocurre es que cuando un cártel amenaza más, las posibilidades de que los funcionarios lo ataquen y se alíen con el cártel enemigo son mayores, por razones puramente políticas y coyunturales. El caso más ejemplar es el de Colombia y Pablo Escobar, en el que, sin duda, las autoridades colombianas se aliaron con el cártel de Cali y con los Pepes (la disidencia del cártel de Medellín) para acabar con Escobar porque era la principal amenaza.

AR: En México con la llegada de la democracia se perdió el control sobre las bandas de narcotraficantes, que adquirieron mayor autonomía y mayor poder. En términos muy generales: para conservar la democracia, ¿qué medidas políticas se pueden tomar para combatir el narcotráfico?

GD: Sería demasiado pretencioso que yo quisiera decirle a los mexicanos cómo manejar su democracia, sobre todo porque conozco más lo del narco y del sistema político más amplio. Pero una recomendación, en lo personal más que como experto, es que si bien la democratización fue una oportunidad para los narcotraficantes, no por eso la sociedad mexicana debe renunciar a la democracia. Sería el peor error.

La cuestión es democratizar aun con la amenaza del narcotráfico, llevar las instituciones y ampliar el espectro de regulación del Estado, y me refiero a la de las instituciones democráticas. Que los narcotraficantes controlen el narcotráfico, pero también el gobierno de la sociedad no tiene sentido. Hablo que los mexicanos deben tratar de ampliar esa capacidad de regulación de la sociedad.
Eso no es fácil hacerlo, toma mucho tiempo, muchos recursos, pero es el desafío; es decir, retroceder en la democracia sería el peor exabrupto que se podría dar.

AR: En México se han puesto en la palestra varias veces logros que ha tenido indudablemente Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Aquí, incluso, al principio de este gobierno estuvo Óscar Naranjo. ¿Qué experiencias exitosas de su país piensa que podrían aplicarse en México?

GD: En ese sentido, poder llevar justicia, seguridad, planes de construcción de comunidades. Ese aspecto operativo claro que se puede aplicar. Pero lo que sí hay que considerar y tener muy en cuenta es que la historia política de ambas sociedades es muy distinta. Políticamente la gran estrategia de lo que se puede aplicar en Colombia no necesariamente se puede aplicar en México.

Ahora, Colombia fue obligada a responder a todas estas amenazas mucho antes que México. Aquí fue a partir del 2000, cuando sucedió la democratización, que se salió de control el narcotráfico y que el Estado se vio obligado a responder; Colombia desde principios de los ochenta ya venía con ese problema.


Ariel Ruiz Mondragón

Co-editor de la sección de cultura de Milenio Diario.