El coctel del miedo en México: violencia, paramilitarismo, impunidad y posesión de armas El coctel del miedo en México: violencia, paramilitarismo, impunidad y posesión de armas
Se llaman “Los Tequileros”, y como lo advertimos hace un par de semanas, es increíble pensar que se trata de “secuestradores masivos”, cuando su... El coctel del miedo en México: violencia, paramilitarismo, impunidad y posesión de armas

 

El trago amargo…

“Los Tequileros” en Guerrero, o el miedo a nombrar el paramilitarismo

Se llaman “Los Tequileros”, y como lo advertimos hace un par de semanas, es increíble pensar que se trata de “secuestradores masivos”, cuando su accionar es de paramilitares, bajo conocimiento de algún sector del Estado que ha preferido nombrarlos como grupos criminales. Entre “Los Tequileros” detenidos, hay una regidora del Partido Revolucionario Institucional, María del Carmen Barrera Navarro, que puede representar algo más que una oveja negra, podría ser el vínculo de este paramilitarismo silencioso con instituciones estatales.

Pero la bondad del Estado es más grande si de “Los Tequileros” se trata, pues se detuvo a 20, y los 16 restantes harán trabajo comunitario. Eso es piedad gubernamental y no justicia.

Esta semana surgieron más elementos que refuerzan nuestra hipótesis sobre el paramilitarismo: “Los Tequileros” pasaron de ser secuestradores masivos, a “autodefensas” bien organizados y perfectamente anónimos, anonimato que no concuerda con el patrón de los grupos autodefensas, quienes han llegado a mostrarse abiertamente en los medios de comunicación, donde incluso se conocen los nombres de sus líderes.

El coctel del miedo en México: violencia, paramilitarismo, impunidad y posesión de armas

Pero ésta no es la primera vez que se disfraza un conflicto político, bajo conceptos exclusivamente “criminales”: en ese municipio de San Miguel Totolapan, en octubre pasado se reportaron secuestros de profesores, algunos de ellos capturados al interior del salón de clases. Al maestro Pedro Cuicas Maldonado, lo plagiaron en compañía de una mujer, a quien dejaron en libertad para sólo llevárselo a él. Este tipo de secuestro es un “patrón espejo” entre paramilitares y guerrilla, si tuviera fines de lucro, secuestrar a dos personas maximiza la ganancia. Cuando se libera a uno de dos capturados, es porque se espera que éste envíe un mensaje al grupo enemigo, y esto es frecuente en las pugnas guerrilleras y paramilitares.

Otro aspecto a considerar es que las guerrillas buscan financiamiento de otras actividades, en el caso de Guerrero, las minas son una fuente de ingresos, por eso cabe recordar lo que Francisco Cruz Jiménez señala en referencia al caso Ayotzinapa, en su reciente libro “La Guerra que nos ocultan”, donde advierte que algunos de estos jóvenes normalistas brindaban “seguridad” a los empresarios mineros.

Desde nuestra perspectiva, el reciente secuestro y posterior liberación del ingeniero Isauro de Paz Duque, podría estar relacionado con las minas en Guerrero y su disputa criminal, pero también con un trasfondo de guerrilla que busca protegerse bajo el epíteto de “autodefensas”, mientras el paramilitarismo podría estar en activo bajo la denominación tradicional de “crimen organizado”.

Que a nadie se le engañe, Tierra Caliente arde desde hace décadas porque el manejo de la inteligencia por parte del Estado sigue recurriendo al paramilitarismo y el ocultamiento.

Pero mientras Guerrero está en disputa violenta, el Estado de Derecho no aparece por ninguna parte, y no hay pronunciamiento alguno ante estos hechos. Todos los niveles estatales están desorientados, tratando de retomar la brújula en la estrategia de seguridad.

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En paralelo al caos de lo que parece una insurgencia armada en San Miguel Totolapan, a la golpiza que pudo causar la muerte de la senadora Ana Guevara, a la legalización parcial de la marihuana, al debate para sacar al Ejército del combate al crimen organizado y regresar a la policía a esa función, además de la discusión con miras a legalizar la posesión de armas; en medio de toda esta tormenta que aún no tiene fin, el Senado mexicano aprobó reformar el Código Penal Federal de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con penas aumentadas que irán de 15 a 30 años de cárcel por posesión ilegal de armas prohibidas o sin licencia, ¿no tendrá que ver con los brotes cada vez más descarados de insurgencia y paramilitarismo en Guerrero?, ¿no será que también el Estado intenta blindarse ante este descontrol?

Todas estas medidas, en un clima de violencia e inseguridad social, intentan facilitar el tránsito de un gobierno que no cumplió con las expectativas de controlar y combatir al crimen organizado. Los homicidios y secuestros siguen en aumento, mientras el reloj del sexenio sigue su curso agonizante.

Otra ronda para todos…

La “democratización de la violencia” y el intento de homicidio a Ana Guevara

Algo que hay que reconocerle al presidente Enrique Peña Nieto es que enfrentará solo el cierre del sexenio, al acercarse a la meta en la “soledad del corredor de fondo”[1], tendrá que reconocer errores propios y ajenos. Las dos deudas que dejará -incluso en una mayor crisis que al inicio de su mandato-, son la economía y la seguridad.

Pero mientras Enrique Peña Nieto se enfrenta al penoso cierre de la carrera sexenal, la senadora del Partido del Trabajo, y ex medallista olímpica, Ana Gabriela Guevara, ha regresado a los titulares de todo el mundo después que fue víctima de una golpiza al estilo de una “calentadita” policial en la carretera México-Toluca. Sí, otra vez en el Estado de México, una de las entidades con más feminicidios y mayor índice de violencia hacia las mujeres.

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El mismo día que se dio a conocer este intento de homicidio en contra de Ana Guevara, el gobernador del Edomex, Eruviel Ávila, realizó un evento con un Alto Comisionado de la ONU para presumir que en su entidad existe pleno respeto a los Derechos Humanos. Eruviel se refirió a su gobierno, como una institución donde se respetan “los derechos de quienes habitan y transitan en el Estado de México”.

Pero de esta agresión violenta en contra de Ana Guevara, aún faltaba la suma de las agresiones por parte de una opinión pública, tanto o más violenta que los atacantes físicos. Por las redes sociales se expresó el odio con calificativos como “marimacho”, “fea” y otros más que integran la solidaridad de la ignorancia con iniciativa.

Las investigaciones siguen su curso, y por ahora quedó en evidencia que habría responsabilidad estatal en los hechos, pues se ha dado a conocer que por lo menos uno de los agresores es policía en activo. Para aquellos que frivolizaron el ataque con el denominativo de “asunto entre particulares”, lo único que les queda es retractarse.

Entre todas estas agresiones, faltan pronunciamientos tajantes, no respuestas cursis como la de Andrés Manuel López Obrador, quien al respecto se limitó a enviar un twitter donde hace un llamado a “avivar el amor y la fraternidad”, en lo que parece el sermón de algún párroco o el flirteo entre Kate del Castillo y el Chapo Guzmán, cuando Kate le pide al Chapo “hacer el amor” en vez de la guerra.

Pero AMLO guarda algunos rencores con Ana Guevara, después que la campeona de atletismo había llamado a los sonorenses a no desperdiciar su voto con el candidato de MORENA, decantándose por la hoy gobernadora del PRI en la entidad, Claudia Pavlovich.

Hacen falta más pronunciamientos formales y menos tuits; no se da un pronunciamiento formal del mandatario Enrique Peña Nieto porque lo condenó por el jilguero virtual, del gobernador de Edomex, Eruviel Ávila, de los líderes del PAN, PRD y MORENA, todos tendrían que formar un frente común en contra de la violencia. Menos redes sociales, más compromisos en contra de quienes no temen violentar al que se cruce por su camino en las calles y carreteras México. Ahora que por tratarse de una celebridad, el mundo ya conoce de qué somos capaces, todos los actores políticos tendrían que denunciar esa violencia por todos padecida, de la cual todos podemos ser víctimas.

Pero antes, también todos podemos ser criminales, porque lo que han demostrado los últimos tres sexenios es la inclusión de la violencia como política paralela, como “democratización de la violencia”[2], que consiste en que cualquier ciudadano puede ejercerla en contra de otro como modo de defensa, y ahora, por más que se pongan candados legales para restringir la posesión de armas, éstas son sólo una extensión de la democracia violenta en territorio mexicano.

Último trago, ¡hasta el fondo!

Estrategia fallida y relevo de la Policía por el Ejército en el combate al crimen

Pero se acerca el fin de sexenio, y es momento de apresurar los pendientes que no se atendieron a lo largo de este y otros sexenios. Esto es lo que intentan a toda prisa los distintos niveles del Estado con las propuestas de los congresistas Roberto Gil Zuarth del PAN y César Camacho del PRI. En ambas, el eje principal es sacar al Ejército del combate al crimen organizado y regresar a la Policía a sus funciones.

Pero esta corrección tardía ya registró daños y perjuicios, pues cuando el entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa, decidió que los cuerpos policiacos eran demasiado corruptos para enfrentar al crimen organizado, dio lugar a la adopción del nuevo modelo penal acusatorio, así como a la “depuración” de las distintas policías nacionales.

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La Policía fue relevada por el Ejército y los resultados no llegaron. Nadie se preocupó en cómo esta decisión afectó a la estructura policial cuando se le confinó a un limbo. Ahora, se repite la historia al revés: el gobierno está convencido de que el Ejército no debe combatir más al crimen organizado, y se enfrenta al dilema de no poder retirarlo abruptamente, por lo que al fin está lista la muy elaborada fórmula que consiste en la creación de una Policía militar especializada.

Tan es cierto que el sistema penal acusatorio de juicios orales llegó para acompañar al nuevo modelo policial, que el agente policiaco es parte central del mismo: tiene la especialidad de ser investigador en la escena del crimen, así como la capacitación para ser parte acusatoria en los juicios orales, con testimonios y presentación de pruebas.

El nuevo policía surge tras el desmantelamiento de las agrupaciones policiacas cuando el Ejército los suplantó en el sexenio de Calderón, y ahora hacia el final del sexenio de Peña Nieto, regresa para ser parte de todo el proceso penal acusatorio, de toda la estrategia de combate al crimen organizado, y todo esto para justificar una estrategia fallida que algunos llamaron “Estado fallido”, pero en la práctica no fue sino un limbo estratégico en materia de seguridad.

[1] Frase que da título a la novela del escritor británico, Allan Sillitoe, La soledad del corredor de fondo. Barcelona: 1981.

[2] Concepto tomado de la tesis de Maestría de Yuriria Rodríguez Castro, publicada en 2015: La política de justicia en México ante el fenómeno del secuestro. Adaptación y descontrol de la violencia en la transformación del Estado.


Yuriria Rodríguez Castro

Yuriria Rodríguez Castro

Yuriria Rodríguez Castro, es periodista especializada en criminalidad. Egresó de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UNAM, es Maestra en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, y en ambas instituciones obtuvo Mención Honorífica. Actualmente cursa el Doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el INACIPE.